Redacción Médica
26 de septiembre de 2018 | Actualizado: Martes a las 21:50

Sanidad ofrecerá la interrupción voluntaria del embarazo en 2013

Bildu y Nafarroa Bai califican de “retroceso social” la propuesta del Gobierno central

Viernes, 26 de octubre de 2012, a las 13:59

Redacción. Pamplona
La resolución aprobada en el citado Pleno abogaba también, para los meses que restaban hasta concluir 2012, por revisar el sistema de pago a la clínica privada con la que se mantiene un convenio, a fin de que las usuarias del centro no tuvieran que abonar por adelantado el importe.

Asun Fernández de Garaialde y Barkatxo Ruiz, parlamentarias de Nabai y Bildu respectivamente.

A su vez, incluye un segundo punto en el que el Parlamento expresa su “absoluto rechazo a los criterios en los que pretende basarse el Partido Popular para llevar a cabo la reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, por entender que suponen un retroceso social inaceptable que lesiona gravemente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.

Además,  se insta al Gobierno de Navarra a que “se posicione y actúe según la voluntad mayoritaria del Parlamento y de la ciudadanía de Navarra”. En este sentido, se exhorta al ejecutivo a “defender los derechos de las mujeres navarras y a mostrar su oposición a aplicar en Navarra la reforma que plantea el Partido Popular”.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por los grupos parlamentarios Bildu-Nafarroa y Nabai subraya la “posición mayoritaria” de la Cámara, cuya “defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres” entiende procedente “reiterar ante la inminente reforma de la ley del aborto que, buscando la “connivencia de los sectores ultracatólicos y los movimientos pro-vida”, prepara el Partido Popular.

Los proponentes consideran que “volver a un sistema de supuestos en lugar de plazos y eliminar la premisa de malformación de feto”, cuestiones sobre las que se ha pronunciado públicamente el Ministro Gallardón, supondría un “retroceso social inaceptable y una grave vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.