Redacción Médica
17 de julio de 2018 | Actualizado: Martes a las 15:10

Más 1.500 personas han sido excluidas de la sanidad en España

El análisis documenta además los casos de 109 menores de edad a los que se les ha denegado la atención médica en el SNS

Jueves, 17 de septiembre de 2015, a las 18:24
Redacción. Madrid
Entre enero de 2014 y julio de 2015, 1.567 personas han sido excluidas de la asistencia sanitaria en España como consecuencia de la aplicación del Real Decreto 16/2012, aprobado por la exministra Ana Mato y en el cual se establecía que las personas en situación administrativa irregular, a excepción de las embarazadas y los menores de edad, sólo podrían acceder a los servicios de Urgencias.

Presentación del informe Reder.

Así lo indica un informe realizado por la Red de Denuncias y Resistencia al Real Decreto (Reder), de la que forman parte 300 personas y organizaciones, como Médicos del Mundo, ha mostrado que en 18 meses "muchas personas" no han podido acceder a los servicios sanitarios, a pesar de que tenían por ley ese derecho.

En concreto, Reder ha documentado 109 casos de menores de edad a quienes se les ha denegado la atención médica; 232 incidencias en Urgencias, que incluyen desde negación de atención a intentos de cobro; y 78 mujeres embarazadas que han visto vulnerado de alguna manera su derecho a ser asistidas.

"Con estos datos la única salida es la derogación del Real Decreto porque es injusto, ineficaz y vulnera el derecho universal a la salud. Además, se puso en marcha de una manera confusa, lo que ha dado lugar a que todo el desarrollo del mismo haya multiplicado los efectos negativos de la exclusión", ha explicado la presidenta de Médicos del Mundo España, Sagrario Martín.

Enfermedades graves

Asimismo, los datos aportados incluyen 31 casos de cáncer, 38 de enfermedades cardiovasculares, 62 de diabetes, 14 patologías degenerativas musculares, 8 de otro de tipo enfermedades degenerativas, más de 28 casos potencialmente mortales si no recibían el tratamiento sanitario adecuado y 27 personas con graves problemas de salud mental.

Del mismo modo, la red ha mostrado que 25 casos de familiares ascendientes se han encontrado perdidos en un laberinto jurídico y legal y no han logrado ser atendidos en los servicios sanitarios, a pesar de que muchos de ellos padecían cardiopatías, hipertensión, enfermedades respiratorias crónicas potencialmente mortales, artritis y otros reumatismo. También, algunos tenían que recibir un seguimiento tras haberse sometido a una operación quirúrgica en su país de origen.

Desinformación

La desinformación ha sido otro de los aspectos que han contribuido a engrosar estos datos ya que, tal y como muestra el informe, un 12 por ciento de los casos registrados corresponde a incidencias producidas por este hecho.

A esta cifra hay que sumar un 22 por ciento de personas que no habían tramitado su tarjeta sanitaria porque desconocían tener ese derecho, y un 12 por ciento de a quienes se les denegó la tarjeta sanitaria en su centro de salud porque la información que manejaba el personal administrativo sobre el trámite y requisitos era errónea.

En este punto, el trabajo realizado por Reder ha mostrado que al menos un 73 por ciento de los casos de exclusión sanitaria proceden de comunidades donde existían programas o normativas autonómicas creados 'ad hoc' para dar cobertura a las personas excluidas por la reforma sanitaria.

Ahora bien, ante ello, la representante del Observatorio valenciano por el Derecho Universal a la Salud (Odusalud), Amparo Picazo, ha avisado de que hasta que no se derogue el Real Decreto, los "parches" puestos por las diferentes comunidades para paliar el problema seguirán siendo "parches, mejor o peor puestos, pero parches".

Finalmente, y respecto al anuncio del Ministerio de Sanidad de devolver la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares y de las promesas electorales realizadas por diferentes partidos de derogar el Real Decreto si ganan las elecciones, los representantes de las asociaciones han mostrado su satisfacción.

"Es positivo lo que se está haciendo pero hay grandes diferencias. Lo que queremos es que se derogue la medida y que a los profesionales nos faciliten directrices más concretas sobre lo que tenemos que hacer", ha zanjado Fernández García.