15 nov 2018 | Actualizado: 19:10
Lunes, 25 de enero de 2016, a las 16:58
Eduardo Ortega Socorro. Madrid
Los pediatras se mantienen inflexibles en su posición respecto a todo lo que tiene que ver con el colectivo antivacunas. De hecho, consideran que “autoridades sanitarias y colegios profesionales deben mantener una actitud contundente y exigir responsabilidades a los profesionales sanitarios que, en contra de toda la evidencia científica actualmente disponible, difunden y avalan teorías en contra de la vacunación”. De hecho, consideran que “estas actitudes deben ser consideradas como mala praxis y como tal deben ser perseguidas”.

Begoña Domínguez, presidenta de Aepap.

Concretamente, lo que reclaman los pediatras es que la historia clínica de los pacientes menores refleje aquellos casos en los que sus padres o tutores rechazan la administración de vacunas, dejando constancia de este rechazo y “que se produce a pesar de haber recibido formal y explícitamente información clara y completa sobre beneficios y reiesgos de la vacuna y asumiendo su responsabilidad derivada de su decisión”. Esta fórmula también se podría articular invitando a los padres a la firma de un documento escrito en el que conste su rechazo.

Así lo indica el posicionamiento sobre la vacunación infantil que ha hecho pública la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (Aepap), un documento en el que también se advierte de que en los últimos año se puede observar la disminución de la cobertura vacunal infantil, “lo que en algunas comunidades autónomas puede suponer la existencia de verdaderas bolsas de población no inmunizada y por tanto no protegida”. Un fenómeno que también se aplica sobre las dosis de refuerzo.  

De hecho, el informe llama especialmente la atención sobre las coberturas de la vacuna del (VPH) en comunidades como Madrid y Andalucía, donde son inferiores al 60 por ciento.

Abastecimiento y variabilidad de calendarios

Por otro lado, el documento de Aepap también considera que el correcto abastecimiento de vacunas debería ser “una prioridad en salud pública”, con medidas que aseguren su disponibilidad y con instrucciones sobre cómo se deben repartir la dosis disponibles en caso de escasez.

Además, carga contra la variabilidad de calendarios y estrategias claras cuando una vacuna se incluya en ellos.

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