Redacción Médica
21 de julio de 2018 | Actualizado: Viernes a las 18:30
Martes, 01 de julio de 2014, a las 14:53

Humberto Arnés.

Redacción. Sevilla
El director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, ha cargado contra la subasta de equivalentes terapéuticos en una conferencia sobre el tema celebrada en Sevilla. “Se excluye de la prestación farmacéutica pública medicamentos autorizados por el Ministerio de Sanidad, quebrando así la equidad del SNS”, ha explicado.

El acuerdo marco para la selección de principios activos para determinadas indicaciones está actualmente paralizado por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC), siendo la segunda vez que esto pasa. La patronal de los laboratorios farmacéuticos ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra este acuerdo.

Arnés ha sostenido que “se están realizando declaraciones de equivalencia o de eficacia similar por órganos sin competencia y sin la base científica suficiente”. Según el director general de Farmaindustria, las posibles declaraciones de equivalencia terapéutica de dos medicamentos corresponden de forma exclusiva a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).

“Solo con ensayos de equivalencia terapéutica se puede concluir que dos medicamentos tienen efectos clínicos idénticos o diferencias irrelevantes”, ha explicado. Y es que, “aun coincidiendo en dos medicamentos el mismo principio activo, no en todos los casos la FDA o la EMA concluyen su equivalencia terapéutica”, ha concluido.

Respuesta de Salud

Ante las declaraciones de Arnés, la Consejería de Salud y Bienestar Social de Andalucía ha emitido un comunicado en el que ha afirmado que "el sistema de selección de equivalentes terapéuticos de ningún modo vulnera el derecho de ningún paciente en Andalucía y se garantiza que todos los usuarios recibirán el tratamiento farmacológico más adecuado".

Ha reiterado que el "procedimiento no supone limitación o traba alguna a la libertad de prescripción de los facultativos" y que la medida se basa en la "evidencia científica y el consenso profesional".

Además, ha asegurado que "el interés del Gobierno andaluz con el desarrollo de este procedimiento es únicamente ofrecer la mejor atención sanitaria a la ciudadanía de la forma más eficiente y con garantías universales".

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