15 nov 2018 | Actualizado: 19:10

Las comunidad no tiene competencias normativas en salud laboral

Exigir cinco Unidades Básicas Sanitarias vulnera el principio de eficacia

Miércoles, 09 de septiembre de 2015, a las 12:53
Ricardo Martínez Platel. Madrid
La Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia considera que la Dirección General de Salud Pública de la Generalitat Valenciana ha infringido los principios de necesidad y proporcionalidad que marca la normativa al exigir cinco Unidades Básicas Sanitarias (UBS)  en un centro de Alicante.

El informe señala que en principio, la protección de la salud de los trabajadores, en el contexto concreto de la salud laboral y, más general, de la prevención de riesgos laborales, constituye una razón imperiosa de interés general, que podría justificar la imposición de requisitos o restricciones a la actividad de los agentes económicos por parte de la autoridad competente para ello, siempre que dicha imposición esté suficientemente justificada.

Sin embargo, explica que en la concreta materia de salud laboral, las comunidades autónomas no tienen atribuidas competencias normativas sino de mera ejecución de las leyes y reglamentos estatales. Así,  el RD 843/ 2011 de  la Generalitat Valenciana no establece expresamente la obligatoriedad de disponer de un determinado número de UBS a partir de los 2001 trabajadores, sino que fijan unos baremos mínimos de atención sanitaria computados en minutos por trabajador y año.

El documento insiste en que el control de dichos tiempos mínimos por trabajador y año podría alcanzarse mediante otros sistemas menos restrictivos para la actividad económica de las empresas como, por ejemplo, estableciéndose registros de “tiempo” o “dedicación”, en los que se llevara el cómputo de los minutos dedicados a la vigilancia de la salud cada trabajador.

Por último, dicha exigencia dicha exigencia vulnera el principio de eficacia al imposibilitar a la empresa de prevención
afectada la utilización de UBS sitas en otras comunidades limítrofes, como Murcia o Castilla-La Mancha, para prestar sus servicios de medicina del trabajo en la Comunidad Valenciana, haciendo imposible también el uso de personal de las UBS del centro de Alicante por parte de la empresa de prevención para actuar en otras autonomías.

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