El anuncio de Montoro incluye la ampliación de los plazos de carencia



8 may. 2014 22:08H
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Redacción. Madrid
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha confirmado este jueves que el Gobierno ha decidido mejorar para las comunidades autónomas y los ayuntamientos las condiciones financieras para devolver los créditos de la primera fase del mecanismo de pago a proveedores, que incluyen, según el caso, desde rebajas en el tipo de interés hasta ampliación de los plazos de carencia, y que supondrán para estas Administraciones más de 1.200 millones euros de ahorro en total.

Cristóbal Montoro.

Así lo ha confirmado el ministro en rueda de prensa tras participar en la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL), en la que ha anunciado que han decidido incluir también a las comunidades autónomas en la mejora de las condiciones para devolver los créditos a proveedores correspondientes a la primera fase del mecanismo.

Para las comunidades autónomas, las mejoras consisten en la reducción de 140 puntos básicos en el tipo de interés, lo que les va a suponer, según los cálculos de Hacienda, un ahorro de aproximadamente 980 millones de euros.
Para las Entidades Locales, que este jueves han estado representadas en la CNAL por el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, el Gobierno ha diseñado tres modalidades, una de ellas destinada especialmente a las entidades con una situación financiera negativa y un endeudamiento elevado.

Esta última modalidad, a la que se podrían acoger alrededor de 361 ayuntamientos, según los cálculos de Hacienda, supondrá ampliar el periodo de amortización de 10 a 20 años y el plazo de carencia de 2 a 4 años, así como una reducción del tipo de interés de unos 41 puntos básicos.

La segunda modalidad supone ampliar un año el periodo de carencia, mantener el periodo de amortización actual y reducir el tipo de interés en unos 131 puntos básicos. La tercera consiste en una reducción máxima del tipo de interés en unos 140 puntos básicos. Estas dos modalidades, a la que se podrían acoger unas 2.000 entidades locales, les supondrán un ahorro de 271 millones de euros.
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