la subcomisión fallará sin las fuerzas de la izquierda

Gaspar Llamazares, en su despacho.

Este presupuesto viene acompañado de un Ministerio que se ha convertido en un cero a la izquierda en el Gobierno y en la política sanitaria. El PP es en estos momentos el caballo de troya de los intereses privados en el corazón de la sanidad pública. Por tanto, mi valoración es muy negativa.

Hacen un juego contable por el cual trasfiere 1.000 millones de deuda de servicios sociales desde el Imserso a la Seguridad Social, eso le permite aparentemente tener una reducción menor, pero en realidad, la reducción del Ministerio está en más del 22 por ciento, que unido a a la reducción del año anterior de un 16 por ciento, provoca que sea un presupuesto que ya era insuficiente en tiempos de crecimiento y de penuria en tiempos de crisis. Si en un momento de crisis, con mayor vulnerabilidad, pasas de la poda a la tala en el sistema sanitario y de políticas sociales, debilitas a los vulnerables.

Hay una paralización de la Ley, y queda como una ley ‘de emergencia’ para el sector más grave, pero en el de dependencia media y de menor grado, ya no funciona. La excusa para el recorte actual de 200 millones de 2013 es que no funciona como servicio público, reduciendo la ayuda económica, cuando en realidad también recortan los servicios públicos. Por todo ello, la Ley sufre una grave parálisis que amenaza con convertirse en un asalto muy complicado de revertir.

Lo que conocemos es que la ayuda familiar es mucho más barata que el servicio público, y por eso hay comunidades que se han decantado por esta figura excepcional. Yo creo que es perfectamente compatible desarrollar el sistema basado en servicios públicos de calidad, y por otro lado, atender a las familias en su hogar. Lo que no es compatible es reducir ambas cosas al mismo tiempo.

Es una monumental mentira decir que nuestro sistema no sea eficiente y sostenible, sino que es de los más eficientes de Europa. Tenemos un coste eficiente de los mejores. Gastamos en el sistema sanitario entre 1 y 2 puntos menos que otros países europeos con menos cobertura y resultados en salud. Por parte del PP y de las consejerías hay un claro conflicto de interés, es poner el zorro a cuidar las gallinas. La dirección nacional del PP está más preocupada en convertir el sistema sanitario en un negocio para amigos que en un buen servicio para el conjunto de los ciudadanos. Si hubiese en este país la aplicación de los conflictos de intereses, no se salvaría ninguno. Es evidente que muchos consejeros trabajan para el adversario, para el competidor. Esto que se habla de la colaboración pública-privada, no existe, lo que hay es un parasitismo del sector privado con respecto al público, y en estos momentos un intento de sustitución del sector público por el privado. ¿Cómo va a haber colaboración por parte de una empresa que ofrece servicios a la misma población de carácter privado y que compite con los servicios públicos? Hay una competencia y la intención, por determinadas responsables públicos, de facilitarles que sustituyan a la sanidad pública. Es un evidente conflicto de intereses y un escándalo que lo sería en una democracia madura, pero en la nuestra parece que no lo es.

Bienvenido sea, cuando sea. Algunos llevamos ya mucho tiempo, desde la Ley 15/1997, denunciando que se está abriendo las puertas del sistema sanitario para convertir algo de buena calidad y barato a un sistema de mercado para unos pocos. Hasta ahora no se ha visto porque afectaba a una parte minoritaria del sistema. Las últimas reformas de la Comunidad Valenciana y Madrid ya no apuntan a la colaboración sino a la sustitución de un sistema sanitario de gestión privada, y por tanto un deterioro en la calidad asistencial así como en las condiciones profesionales, lo que ha provocado la reacción de estos colectivos.

La respuesta es adecuada a la amenaza, que es muy grave en estos momentos, y ha venido precedida de la ley y del deterioro de la formación. No nos hemos dado cuenta pero se han ido creando chiringuitos que se han llamado facultades privadas de Medicina, pero que de facultades no tienen nada, tienen más de escuelas como dirían los franceses, o de chiringuito, pero con muy poco rigor. Por un lado, ha ido caminando la privatización del sistema y por otro, de la formación. Lo que estamos viviendo en estos momentos son sus conclusiones. Ahora la voluntad del sector privado, de la plutocracia, no de la democracia, es hacerse con una parte del pastel, que es un importante volumen económico. Sesenta mil millones de euros no le amargan a nadie y menos aún en estos momentos. Cuando ya no hay negocio en la construcción hay que meterse directamente en la sanidad o los servicios sociales. Además son los mismos protagonistas del pelotazo en la construcción: las mismas constructoras, aseguradoras, cajas corruptas… Es un escándalo que debería terminar en los tribunales de justicia, pero tengo mis dudas de que eso vaya a ser así.

CESM ha planteado recientemente la posibilidad de una huelga sanitaria. El panorama sindical dice que hace falta liderazgo del Ministerio. ¿Esta sería la clave?

Hay quienes atribuyen al reparto de competencias autonómicas el estado actual de la sanidad, y no creo que ese sea el problema. El Estado tiene muchas competencias en sanidad, la cuestión es si tiene voluntad de ejercerlas. Yo afirmo que ni durante el Gobierno del PSOE ni del PP ha habido voluntad de ejercer competencias en materia sanitaria. Se ha deducido que existe una capacidad de gestión por parte de las comunidades, y por tanto se ha abandonado el liderazgo político en materia sanitaria. No hay dirección de la política sanitaria, pero no es porque no haya competencias, sino porque no hay voluntad política. Como he dicho antes, es un cero a la izquierda. Ni la ministra aparece en los debates públicos ni en el debate parlamentario, del que escapa como si fuera aceite hirviendo. En el debate público, con respecto al copago, el euro por receta, o la privatización de la sanidad… No ha dicho nada. El Ministerio de Sanidad es un cero a la izquierda porque quiere serlo, porque es únicamente presupuestario y oportunista, utiliza el recorte como estrategia y aprovecha la debilidad de la crisis para cambiar el modelo sanitario.

Yo creo que no es un problema de procedimientos, sino de voluntad política. Si realmente hubiera voluntad para desarrollar las competencias en política del medicamento, en formación, en el estatuto de los empleados sanitarios… Hay capacidad para hacerlo, no voluntad. Habría que favorecer que se recupere ese liderazgo político de defender el sistema sanitario público, sin embargo el Gobierno quiere utilizar la Comisión parlamentaria únicamente para sancionar su política de hechos consumados, en la que no vamos a participar como convidados de piedra. Para defender el sistema público, sí que estamos dispuestos, pero no solo para ser convidados de piedra ante el oportunismo en el cambio de modelo y las políticas de recortes.
 

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