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La reforma de la Ley del Aborto espera 29 informes

De diversas entidades y órganos a los que el Gobierno ha pedido asesoramiento

Martes, 11 de febrero de 2014, a las 17:28
María Márquez. Madrid
Tres senadoras socialistas han preguntado a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, por qué apoya la reforma de la Ley del Aborto. Mato no ha querido significarse a nivel personal y se ha limitado a reiterar que la norma actual vulnera lo dictado por el Tribunal Constitucional.

La ministra de Sanidad, Ana Mato.

La senadora María Elena Diego le ha ‘recordado’ el rechazo social que ha provocado el anteproyecto que defiende el Ejecutivo. “El Gobierno respeta las decisiones de todos los ciudadanos”, ha respondido Mato, al tiempo que se ha mostrado partidaria de lograr “el máximo consenso”. A la petición formulada por la senadora Carmen Menéndez de que “la decisión de la mujer” cuente con “respeto y protección legal y sanitaria”, la ministra ha contestado que el objetivo de la reforma es que “ninguna mujer se plantee su maternidad”. Y si la senadora María Isabel Flores le ha espetado que la Ley actual “garantiza tanto los derechos de las mujeres como los del neonato”, la titular de la sanidad nacional ha apuntado que el anteproyecto está pendiente del informe de 29 órganos, comunidades autónomas y grupos parlamentarios.

Por su parte, el senador de Entesa Joan Saura se ha dirigido sobre el mismo tema al ministro de justicia, Alberto Ruíz Gallardón, para saber “si su gobierno ha evaluado el sufrimiento que el proyecto de ley del aborto causa sobre las mujeres”. Además le ha advertido: “Retire la ley porque si no la ley lo va a retirar a usted.”

La reforma ‘mal hecha’ de 2010

Ha sido uno de los principales argumentos de la ministra. En su opinión, la reforma de la actual Ley emprendida por el anterior Gobierno socialista se realizó, según sus palabras, "sin consultar a nadie" y "con opiniones desfavorables del Consejo de Estado y el Consejo Fiscal". Además, el anteproyecto que maneja ahora el Gobierno volverá a dotar de aval paternal la decisión de las adolescentes y evitará, ha resaltado, que "se penalice" a la mujer".


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