La Plataforma Salud Universal exige que se mantenga la asistencia sanitaria y farmacéutica a todos los inmigrantes

Redacción. Zaragoza
La plataforma social Salud Universal, formada por más de 30 asociaciones entre las que se incluyen partidos políticos, sindicatos, asociaciones de vecinos y organización médicas, ha reclamado este martes en las Cortes de Aragón "que se continúe prestando asistencia sanitaria y farmacéutica a los inmigrantes en igualdad de condiciones".

Katrina Belsué.

La coordinadora de la Oficina de Información y Denuncias de SOS Racismo Aragón, Katrina Belsué, y la representante de Médicos del Mundo en la Comunidad, María Jesús Viñuales, han dado voz al colectivo en la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas del Parlamento aragonés. "Queremos hacer partícipes a todos los diputados de nuestra preocupación y disconformidad con la aplicación del Real Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud" porque "supone un grave retroceso en la conquista de derechos sociales", ha manifestado Belsué.

De acuerdo con la opinión que ha expuesto esta representante, "Europa no obliga a eliminar el acceso gratuito y existen normas en el ordenamiento que defienden este derecho, incluida la Constitución y el Estatuto de Autonomía". La plataforma defiende que "los poderes públicos garantizan la existencia de un sistema público y una asistencia digna" y por eso "queremos que Aragón siga la línea de las Comunidades que han garantizado la prestación".

María Jesús Viñuales ha afirmado que "no es cierto que la reforma tenga como objetivo equipararse a Europa, porque Italia, Países Bajos, Bélgica o Portugal mantienen la asistencia" y "es discutible el ahorro generado". Ambas responsables han solicitado que las Cortes insten al Gobierno a la creación de una comisión de seguimiento para valorar la aplicación de la reforma y sus consecuencias sobre los inmigrantes.

La diputada del PP, Nuria Loris ha agradecido el trabajo que realizan ambas entidades, pero ha asegurado que "la asistencia va a seguir siendo gratuita". "Todo ser humano que la necesite la va a seguir teniendo y todas las medidas del PP son para un servicio gratuito, universal y de calidad", ha defendido la portavoz de los populares en esta Comisión. "El Gobierno ha querido poner orden en el caos que reinaba en torno a la tarjeta sanitaria", ha expuesto.

Por su parte, María Victoria Broto (PSOE) ha lamentado "lo triste de tener que estar hablando de esto". "Deberíamos estar tratando sobre temas como mejorar la inclusión, pero lo hacemos de decretos regresivos e injustos", ha manifestado en este sentido. Para Broto, "se está intentando abrir una brecha social y acabar con un sistema universal y gratuito usando un cóctel que mezcla ahorro, turismo y culpa hacia los más débiles". Además, ha pedido al PAR que "no cumpla con la ortodoxia del decreto y defienda la asistencia universal y gratuita para todos".

El diputado de este Grupo Manuel Blasco ha calificado esta situación como "un problema de salud para un colectivo importante". "El Estatuto habla de personas, no de ciudadanos ni de aragoneses, y esto nos plantea serias dudas. Siempre el respeto a la normativa aragonesa, eso en primer lugar". Ha agregado que "existen otros métodos y elementos en los que es más posible hacer ajustes que no en sectores que se pueden ver privados de algún tipo de asistencia", ha expresado, abogando por "buscar una salida de forma democrática y dialogante".

La diputada de CHA, Nieves Ibeas, ha señalado que la reforma sanitaria es "una barbaridad y una barbarie" porque "se están utilizando todo tipo de mentiras para echar a personas del sistema sanitario". A su entender, "es inmoral la defensa de determinados medios para conseguir ese fin; están rompiendo con el respeto a las personas y al propio concepto de ciudadanía, que tiran por tierra" y "España es ahora mismo un estado xenófobo por su Gobierno y seremos también en Aragón si se acata", ha expresado Ibeas.

Por su parte, la diputada de IU, Patricia Luquin, ha calificado como "muy duro tener que hablar de xenofobia institucional y apartheid sanitario". "Es algo tan grave que no se puede permitir en el siglo XXI; se rompe el principio de gratuidad y universalidad con un recorte de derechos que salta por encima de la Constitución y Estatuto". Luquin ha sostenido que "el debate no es la constitucionalidad, sino si estamos dispuestos a excluir a población vulnerable del derecho de salud".