La plataforma para la defensa de los dependientes pide “la anulación de recortes” en esta materia

Elena Torres, consejera de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud.

Redacción. Pamplona
La Plataforma para la Defensa de los Derechos de las Personas con Dependencia ha exigido "la anulación de todos los recortes" en materia de atención a la dependencia y ha reivindicado el "desarrollo a medio plazo de servicios de apoyo conforme a las bases que establece la ley de Autonomía Personal".

Representantes de esta plataforma, que ha surgido por "la preocupación creciente" ante "una situación de retroceso y recortes en la atención a las personas dependientes" han ofrecido una rueda de prensa en Pamplona para rechazar que "existe un gran descontento, sensación de engaño y alarma ante el veloz repliegue de las políticas sociales del Gobierno foral".

En representación del colectivo, Isabel Arboniés, ha defendido que es "necesario actuar" para "superar los retrocesos impuestos por la denominada realidad presupuestaria que además anuncia más recortes". En su opinión, "no se puede hacer un llamamiento al ejercicio de realidad para justificar la reducción del presupuesto para atender a la ciudadanía más vulnerable y, al mismo tiempo, aumentar los sueldos de los miembros del Ejecutivo foral".

Por ello, Arboniés ha reclamado "la anulación de todos los recortes en materia de atención a la dependencia" y ha pedido "la habilitación, vía presupuestaria, de la financiación suficiente para el mantenimiento del conjunto del sistema de prestaciones y ayudas para la atención a la dependencia en Navarra".

Para la Plataforma, formada por familias, profesionales de los servicios públicos y algunas entidades, a partir del 2011, y sobre todo en 2012, "la situación presenta un claro declive que se refleja, por ejemplo, en la disminución importante de los recursos para la atención de personas dependientes, empeorando la situación de los que tienen más dificultades".

También han criticado "el empeoramiento de la atención, al no poder compatibilizar ayudas imprescindibles para la realización de las actividades básicas de la vida diaria y no poder contar con ayudas para contratar los cuidados en el domicilio".

Asimismo, han rechazado "un posible aumento de la institucionalización y la ruptura del espíritu de la ley que prioriza fundamentalmente la permanencia de las personas en sus domicilios y entorno", además de "la importante disminución del empleo que podía generar el sistema de atención a la dependencia al eliminar ayudas a la contratación y disminuir servicios".

Un hecho que ha conllevado, ha remarcado Isabel Arboniés, "un aumento muy duro de la sobrecarga de las personas cuidadoras, con el empeoramiento de sus condiciones de vida, así como de sus posibilidades de compatibilizar la vida social o laboral con los ciudadanos, provocando a su vez un aumento de la carga asistencial y económica en el sistema sanitario".