Anunciada inicialmente para el mes de noviembre, se presentará en el Interterritorial del próximo mes



20 nov. 2012 22:57H
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María Márquez. Madrid
En el pleno del Congreso del pasado 12 de septiembre, la ministra de Sanidad, Ana Mato, se aventuraba a anunciar que la actualización de la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud (SNS) sería presentada en noviembre. Pese al trabajo a contrarreloj de los grupos técnicos integrados por las comunidades autónomas, el Ministerio ha confirmado que el documento definitivo tendrá que esperar a la celebración del próximo Consejo Interritorial (CI), que por el momento se espera para diciembre si bien no tiene “fecha cerrada”, según apuntan desde el Paseo del Prado.

Ana Mato, en el pleno del Congreso.

El citado debate parlamentario fue una de las diversas ocasiones en las que, en estos casi tres meses, Mato ha desmentido las acusaciones del PSOE que ponían en la diana de la desfinanciación pública mamografías, reproducción asistida, selección genética, rehabilitación e implantes oftalmológicos. Así, la ministra definió tales hipótesis de “anuncio inventado sobre decisiones que el Ministerio no va a adoptar”. Con la excepción de los ‘enfrentamientos’ entre el PP y el PSOE en las dos Cámaras, en los últimos tres meses no se ha dado ninguna pista sobre la cartera común básica (tampoco formó parte del orden del día del último CI, celebrado el 3 de octubre), al contrario de lo que ha pasado con la cartera común suplementaria. Y es que una vez en marcha la nueva prestación farmacéutica, el acuerdo sobre la ortoprotésica y los dietetoterápicos ha avanzado a buen ritmo, mientras que todo indica que las excepciones para desfinanciar el transporte sanitario no urgente se han consensuado (diálisis, oncología y rehabilitación) pese a que el Ministerio no quiere hablar aún de un “documento definitivo”.

En declaraciones a Redacción Médica, la consejera de Salud y Bienestar Social de Andalucía, María Jesús Montero, expresaba recientemente su “confianza” en que los expertos que dialogan con el Ministerio “disuadan al Gobierno de España de retirar técnicas que tienen demostrada su eficacia” (en alusión al diagnóstico genético preimplantatorio, cambio de sexo o reproducción asistida) y que han sido cuestionadas, en su opinión, no por motivos económicos sino “ideológicos”.

 

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