| LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA, OTRA DE LAS CLAVES | |||||
| Expertos piden un mayor desarrollo del aseguramiento privado en dependencia | |||||
| Los problemas financieros del sistema impiden una mejor puesta en práctica | |||||
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Redacción / Imagen: Miguel Ángel Escobar, Diego S. Villasante. Madrid Han pasado cinco años desde la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y a las familias, más conocida como Ley de Dependencia. Desde entonces, ha habido tiempo para evaluar su funcionamiento y su capacidad para resolver los problemas de los afectados, y aunque existe coincidencia en el análisis de fondo, los distintos actores del sector, tanto públicos como privados, encuentran diferentes maneras de afrontarlos, como se aprecia en este debate promovido por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS). La financiación es el principal caballo de batalla, pero, ¿cómo solucionarlo? Una de las primeras medidas del Gobierno de Mariano Rajoy al tomar posesión fue aprobar una moratoria de la entrada de nuevos dependientes en el sistema, y, ya en julio, una reforma del sistema de grados y niveles para, en definitiva, simplicar la valoración. Además, se reformó el copago de forma que el patrimonio del dependiente también sirva para calcular su nivel de aportación. Esta es una fórmula, pero quizá otra sería desarrollar un sistema de aseguramiento privado equivalente al seguro sanitario. Juan Sitges, director de la Fundación Caser para la Dependencia: Hay varios puntos que tenemos que trabajar desde la responsabilidad. En primer lugar, trabajar unidos para garantizar la sostenibilidad del sistema. Además, es tiempo para homogeneizar el catálogo de servicios, de normativa y especialmente de financiación; pero también para ser más eficientes desde un punto de vista de coordinación sociosanitaria; por otro lado, hay que aprovechar el momento para profesionalizar los servicios y hacerlo desde un punto de vista de la formación. También hablaría de autonomía personal, aprovechar el momento para desarrollar programas que la promuevan. César Antón, director general del Imserso: La evaluación que hizo el Consejo Territorial del SAAD muestra tres aspectos fundamentales: un sistema precipitado, con normativa que ha ido aplicándose a la vez que se desarrollaba; las previsiones del Libro Blanco estaban bastante desfasadas en dos aspectos, por un lado, en cuanto a las previsiones de personas potencialmente dependientes y en cuanto a financiación, que se han sobrepasado en 2.700 millones lo previsto, solo en los Presupuestos Generales del Estado. Francisco Juan, director general de DKV Seguros: La atención a la dependencia es un tema no resuelto, o que no está bien resuelto. Se parte de una ley que viene a cubrir una necesidad, pero que tiene un problema: cuando se hace una ley y no se ponen los recursos necesario de financiación, algo falla. Pensamos que esta situación se puede resolver de otra manera. En otros países se ha resuelto de otro modo, y para nosotros la dependencia es un riesgo, es algo que no va a pasarle a todo el mundo, existe la posibilidad de que una persona sea dependiente en el futuro o no. Por tanto, si es un riesgo, pensamos que hay una forma de tratarlo, que es asegurar ese riesgo. José María Martín Gavín, director general de Previsión Sanitaria Nacional (PSN): El gran reto, aunque hoy los problemas sean graves, no está en lo que hagamos hoy sino en cómo construyamos el futuro. Son muchas las cosas que se plantean con respecto al catálogo de servicios, a la coordinación sociosanitaria, y, sobre todo, al aspecto de la financiación, que al final es la madre de todas las soluciones y de todos los problemas. Como parte del sector asegurador, y como prestadores de servicios, tenemos en la mano una gran ventaja que el Estado nos ha dado, que es que el seguro de dependencia es deducible en el IRPF, al igual que lo es un plan de pensiones, pero lamentablemente la sociedad no conoce suficientemente eso. Albert Vergés, director general de la Fundación Edad&Vida: La ley adolece de defectos que hoy estamos acusando. Tenemos un primer problema importante que es que hay una Ley de Dependencia, pero 17 aplicaciones diferentes. Eso ni es eficiente ni es eficaz, pero además tiene unos costes importantísimos a la hora de actuar. Además, no existe un marco claro y transparente en todo lo concerniente a la ley y sobre todo aplicado a la colaboración público-privada, tanto en el sector asegurador como en el sector proveedor de servicios e incluso en el propio ciudadano, que no tiene unas reglas absolutamente marcadas. Para poner un ejemplo de esto último, en la ayuda a domicilio un pueblo de Madrid puede establecer un copago y en el de al lado no.
Conclusiones Albert Vergés: Las dos apuestas básicas serían reforzar la colaboración pública-privada en este sector para huir de la inestabilidad y trabajar en la sostenibilidad, y para ello se requieren marcos claros y definidos para que los diferentes agentes implicados actúen. Por otro lado, hablamos de eficacia y eficiencia y tenemos la oportunidad de hacerlo por ejemplo aplicando una acreditación que dará solvencia y atención clara de qué tipo de servicios ofrecemos a los ciudadanos, esto debería unirse a una apuesta clara por la coordinación sociosanitaria. Todo esto favorecerá a destensar la tensión económica que hay actualmente en los presupuestos de dependencia y los sanitarios.
Francisco Juan: Como se ha visto, es complejo. La apuesta por la promoción de la autonomía personal es básica, todos tenemos una parte de responsabilidad en esto por la cuenta que nos trae, pero tenemos que hacerlo ver y propiciarlo. Debemos ir a una unidad de mercado, porque lo que tenemos es un poco caótico. Además, el sistema no está resuelto, sobre todo financieramente, y creo que lo que pediríamos las compañías de seguros y los prestadores privados es definir el marco, porque estamos dispuestos a trabajar, a colaborar, a prestar eficiencia, y creo que la escasez es fructífera y este momento es idóneo para mover lo necesario para que funcione. César Antón: Hay que recuperar el valor de los servicios sociales profesionalizados, que durante los últimos años los hemos dejado de lado por dedicarnos más a la atención a la dependencia, que es una parte. Tenemos que hablar de la prevención y desarrollar la promoción de la autonomía personal, que es un reto que tenemos en el ministerio y que debemos liderar con las autonomías. Queremos que el SAAD sea sostenible, ordenándolo, haciéndolo transparente y adaptándolo a la situación actual, y hace falta un marco definido con criterios definidos, marcar quién puede dar las prestaciones y desarrollar esa colaboración público-privada que ha sido clave en el desarrollo de la protección social. Los servicios sociales deben pensar en la atención social a la persona combinado con el aspecto sanitario para dar una atención integral a la persona y a la familia. Además, creo que un buen sistema de atención a la dependencia no es el que más dependientes tiene sino el que mejor atiende a los que tiene que atender. Y, por último, creo que estamos ante una situación en la que debemos dar un giro a lo que se ha denominado estado del bienestar para convertirlo en sociedad del bienestar, en la que todos, el Estado, las familias y los individuos aportemos para nuestro propio bienestar. Juan Sitges: Me gustaría reiterar el concepto de unidad para poder trabajar conjuntamente los diferentes actores en los apartados de financiación, de homogeneización, de transparencia, etc. En tiempos de escasez pueden surgir grandes ideas que puedan hacer el sistema sostenible en el tiempo. Lea el debate completo |
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