Redacción. Madrid
El Ministerio de Sanidad ya la había tachado de “inconstitucional” y, ahora, el Tribunal Constitucional suspende la norma que da acceso a la sanidad a los inmigrantes irregulares de la Comunidad Valenciana al admitir a trámite el recurso presentado por el ejecutivo central el pasado 23 de octubre.
Carmen Montón
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El Gobierno argumentaba que la norma valenciana "vulnera la competencia estatal para establecer el ámbito objetivo y subjetivo de la Sanidad e incurre en extralimitación competencial porque regula una materia que corresponde exclusivamente al Estado".
Según la resolución del TC, la admisión a trámite conlleva la "suspensión automática" de la norma porque en el recurso, el Gobierno invocó la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, que establece que el Ejecutivo "podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas". De este modo, la impugnación "producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses".
El Tribunal dará traslado al Congreso de los Diputados y al Senado, así como a las Cortes y Generalitat Valenciana para aportar, si lo creen conveniente, los documentos y alegaciones que crean necesarios.
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