Redacción Médica
21 de julio de 2018 | Actualizado: Viernes a las 18:30

El Tribunal Constitucional admite a trámite los recursos de País Vasco, Cataluña y Canarias contra el 16/2012

Las tres comunidades recurren el artículo que regula la condición de asegurado

Viernes, 22 de febrero de 2013, a las 10:53

Redacción. Madrid
Los recursos de inconstitucionalidad promovidos por los gobiernos de País Vasco, Cataluña y Canarias contra el real decreto 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud han sido admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional.

Boi Ruiz, consejero de Salud de Cataluña; Brígida Mendoza, consejera de Sanidad de Canarias; y Jon Darpón, consejero de Salud de País Vasco.

En el caso concreto de País Vasco, el gobierno foral recurre los artículos 1.2, 2.3, 4 y 4.13 que corresponden a la regulación de la condición de asegurado, la cartera común de servicios, las medidas en lo relativo a la prestación farmacéutica, respectivamente.

Por su parte, la Generalitat ha presentado el recurso contra los artículos 1.1, 1.2, 1.3, 4.1, 4.5 y 4.14, 6 (apartados 2 y 3), 8.2, 10.4 y la disposición final sexta, que afectan  al reconocimiento de la condición de asegurado, las condiciones de la prestación farmacéutica; las medidas relativas a la atención farmacéutica en los hospitales, en los centros de asistencia social y en los centros psiquiátricos; la acreditación de los centros docentes y las relativas a la modificación del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

Por último, en el caso de Canarias, el Gobierno de Paulino Rivero ha recurrido los artículos 1, 3, 4.14, 6, 8 y 9 correspondientes a la regulación de condición de asegurado; al Fondo de Garantía Asistencial; la protección de datos; las medidas relativas a la atención farmacéutica en los hospitales, en los centros de asistencia social y en los centros psiquiátricos; lo referente a la modificación de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias; y la modificación de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.