Redacción Médica
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El Síndic pide un copago en función de las rentas para Muface

El Defensor de Pueblo en Cataluña considera que el actual sistema de copago farmacéutico en España vulnera el derecho a la igualdad entre los usuarios

Viernes, 06 de marzo de 2015, a las 15:04
Cristina Alcalá. Madrid
El Defensor del Pueblo en Cataluña (también conocido como Síndic de Greuges) pide que el copago farmacéutico se ajuste en función de las rentas para los beneficiarios suscritos a régimen de Mutualidad Generalidad de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), ya que considera que el actual modelo es “discriminatorio y anacrónico” y que vulnera el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española (CE), tal y como ha hecho público en su último informe anual correspondiente a 2014.

Rafael Ribó, Sindic de Greuges.

El actual modelo de prestación farmacéutica está sujeto a una aportación económica del usuario, de acuerdo a lo previsto por la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS) y la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Una situación, según denuncia esta institución catalana, que marca diferencias entre los ciudadanos, dependiendo al colectivo al que pertenezcan.

De hecho, los funcionarios del Estado tienen determinado un porcentaje único de aportación a este tipo de prestaciones, fijado en un 30 por ciento independientemente si la persona está activa o jubilada o de su capacidad económica; frente a otros usuarios del SNS, que tienen establecidos unos porcentajes que varían entre la exención y el 60 por ciento, y el porcentaje de la mayoría de los pensionistas a la Seguridad Social es del 10 por ciento.

Esta situación, a ojos de Rafael Ribó i Massó, “implica un agravio comparativo entre los mutualistas de Muface y los usuarios del sistema sanitario público, ya que colisiona con la consideración del carácter universal, equitativo y público del SNS, financiado únicamente vía impuestos”. Para acabar con estas diferentes, Ribó ha elevado sus sugerencias a la Defensora del Pueblo a nivel estatal, así como a los grupos parlamentarios en Cataluña y a las Cortes Generales, para que se modifique la normativa y se homogeneíce este tipo de prestación en todo el territorio.

Deficiencias en el suministro de prescripción médica y farmacéutica

En otros asuntos, a nivel de la comunidad, el Síndic evidencia en su informe la existencia de deficiencias en el suministro de prescripciones médicas y farmacéuticas en la comunidad, en concreto, para aquellas personas que se han sometido a un trasplante renal o tengan que controlar su diabetes. Ribó denuncia que los enfermos tienen que realizar un “peregrinaje” por las oficinas de farmacia, una situación que pide solventar, con ayuda de la Administración autonómica y los profesionales de la salud, cuanto antes. “Hay que informar al paciente y ofrecerle una solución inmediata, así como garantizarles la medicación que tienen prescrita”.

Ribó también refleja en su documento oficial el exceso de tiempo de espera para las intervenciones hospitalarias en Cataluña, especialmente en la reproducción humana asistida, la cirugía bariátrica o en el acceso al optometrista, entre otros, e insta a que se reduzca de seis a tres meses.

Dependencia

En este campo, el Síndic evidencia carencias en las prestaciones de atención a personas en situación de dependencia, una reducción que se ha agudizado tras la recesión económica que vive el país estos años atrás.

Ribó denuncia que, en cuanto al reconocimiento de la dependencia, la nueva clasificación de grados de dependencia, fijada en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, no debe aplicarse a periodos anteriores a la entrada en vigor de esta norma y no afectar, por tanto, a los que ya han sido clasificados.

En cuanto a los profesionales que trabajan en este sector, el organismo denuncia que los retrasos en el pago de las prestaciones por cuidador no profesional, sobre todo aquellas que han sido aplazadas en virtud de disposiciones normativas vigentes, afectan de lleno a los derechos de las personas en situación de dependencia. Por lo que pide que la Administración debe garantizar estos derechos, tanto a los trabajadores, como a los pacientes.

ENLACES RELACIONADOS:

Acceda al informe del Síndic de Greuges

El 13 por ciento de las recomendaciones del Sindic han sido ejecutadas por Salud (21/01/14)