Redacción Médica
22 de septiembre de 2018 | Actualizado: Viernes a las 19:50
Lunes, 11 de noviembre de 2013, a las 17:12

Redacción. Madrid
La secretaria de Sanidad del PSM, Laura Oliva, ha exigido al gobierno de Ignacio González  que la gestión de la donación de sangre en nuestra región dirigida a los centros públicos sea íntegramente gestionada desde la Administración Pública, en este caso desde el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid.

Laura Oliva.

Así se ha manifestado tras el encuentro que recientemente mantuvo con los trabajadores del  Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid con los que analizó el impacto del convenio que la Consejería de Sanidad ha firmado con la Cruz Roja, lo que a juicio de Oliva y con independencia del carácter de esta entidad,  no deja de constituir una nueva renuncia del Gobierno Regional a gestionar desde lo público un servicio público.

Fruto de dicho convenio, la gestión de las donaciones de sangre extra-hospitalarias en la Comunidad de Madrid va a dejar de ser cien por cien pública puesto que la institución humanitaria asumirá íntegramente la captación en la calle (en los autobuses) y desaparecería el centro de transfusiones de la Cruz Roja, donde se extrae, se analiza y se distribuye sangre a hospitales. Hasta ahora, tanto Cruz Roja como el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid extraían sangre (en la calle y en sus propios centros), la procesaban, la almacenaban y la distribuían a los hospitales.

Para Oliva, que la gestión de la donación de sangre se centralice únicamente en el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid “es lo más eficiente, lo que menos problemas de tratamiento de datos personales genera y lo que, desde luego, menos coste conlleva”. Además, ha señalado que habrá 130 trabajadores afectados por este cambio, de los que 65 puede que acaben en la calle.

La responsable de Sanidad ha subrayado que llama la atención esta medida cuando la Comunidad de Madrid es deficitaria en este ámbito y ha tenido que adquirir sangre de otras comunidades autónomas (en concreto 9000 bolsas a Andalucía y Cataluña). Por tanto, a su juicio, “de nuevo estamos ante una situación en que la Consejería de Sanidad quiere estropear un servicio que funciona con total eficacia y profesionalidad”.