Redacción Médica
21 de septiembre de 2018 | Actualizado: Viernes a las 16:20

El Gobierno vasco da luz verde al recurso contra el 16/2012

Solicitará al Estado la apertura de una “comisión bilateral” para tratar de llegar a un acuerdo y evitar “los retrasos” del Tribunal Constitucional

Martes, 29 de mayo de 2012, a las 18:07

Redacción. Vitoria
El Consejo del Gobierno vasco ha dado este martes autorización a la dirección de lo Contencioso del Departamento de Justicia y Administración Pública para interponer sendos recursos de inconstitucionalidad frente a los "decretos de ley de medidas urgentes en el ámbito educativo y sanitario" aprobados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy el pasado 20 de abril. El Ejecutivo autonómico solicitará al Estado la apertura de una "comisión bilateral" para tratar de llegar a un acuerdo y evitar "los retrasos" del Tribunal Constitucional.

Idoia Mendia, portavoz del Gobierno vasco.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, la portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, ha explicado que, hasta que no se resuelvan estos recursos, su Ejecutivo dejará "sin efecto" todas las medidas de los decretos del Gobierno central, lo que "no supone una insumisión".

En lo que respecta al Real Decreto Ley 16/2012, que modifica aspectos del Sistema Nacional de Salud (SNS), el Gobierno autonómico recurre cuatro artículos (en concreto el 1.2, 2.3 y 4, 4. y 10. cuatro). El primero atribuye en exclusiva al INSS el reconocimiento y control de la condición de asegurado, "lo que supone la implantación de un sistema centralizado de gestión que impide a las comunidades autónomas cualquier decisión de reconocimiento del derecho de acceso a la asistencia sanitaria". Además, a juicio del Gobierno, la nueva regulación se introduce en el ámbito competencial autonómico porque "reserva al Estado, parece que de forma exclusiva, la elección de las prestaciones sanitarias públicas sujetas a aportación económica del usuario".

El Gobierno vasco denuncian también que se establece una regulación completa del procedimiento de gestión para articular el pago del usuario --momento de hacerlo efectivo y plazo de las Comunidades Autónomas para reintegrar en su caso el exceso de aportación--. Asimismo, se habilita a un reglamento de segundo nivel para regular aspectos de desarrollo "sin ningún límite ni parámetro".

Por último, el Gobierno considera que el establecimiento de un plazo --31 de diciembre de 2013-- para integrar al personal funcionario en el régimen estatutario, así como el mandato de adscribir a instituciones no sanitarias al personal que mantenga su inicial condición de funcionario, "excede de la competencia atribuida al Estado y por tanto cercena la competencia autonómica".