El documento fue presentado en el último Consejo Territorial del SAAD



5 sept. 2012 23:50H
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Redacción. Madrid
El Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) del pasado 10 de julio aprobó el informe de Evaluación de resultados de la aplicación de la Ley de Dependencia. Según este informe, la Ley, si bien se ha convertido en una herramienta fundamental del Estado del Bienestar, ha superado con creces las estimaciones recogidas en la Ley tanto nivel económico como del número total de personas en situación de dependencia.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Los datos son significativos. El importe acumulado previsto en la Memoria de la Ley para el periodo 2007/2011 en los Presupuestos Generales del Estado ascendía a 4.764 millones de euros, pero el montante definitivo destinado a la aplicación de la norma ha ascendido a 7.487 millones, es decir, más de 2.700 millones por encima de lo previsto. En lo que se refiere al número de personas dependientes, la Ley estimaba que en 2015, cuando la norma estuviera implantada plenamente, serían 1.173.764 los españoles dependientes. Hoy, cuando aún quedan tres años para su implantación total, son ya 1.280.006 las personas que han recibido el reconocimiento de su condición de personas dependientes.

Este informe de evaluación no viene sino a refrendar lo que ya se sabía, o se sospechaba, de manera oficiosa. La realidad había superado las expectativas recogidas por la Ley, lo que obviamente supondría un problema a corto o medio plazo. Precisamente este informe servirá al Gobierno de Mariano Rajoy para justificar los cambios introducidos en la Ley y las diferentes moratorias aprobadas para la inclusión de dependientes en el SAAD.

Más solicitantes de lo estimado

En 2007 se estimó que el total de personas dependientes serían 1.173.764 millones. Sin embargo, a 1 de enero de 2012, sin haberse implantado totalmente la Ley, hay 1.612.729 solicitantes, se ha valorado a 1.503.758 personas de las que 1.280.006 han recibido el reconocimiento de alguna situación de dependencia. A esta fecha de 1 de enero de 2012 le corresponde ser beneficiarias con derecho a prestación a los que mayor situación de dependencia tienen (grado III, grado II y grado I nivel 2), es decir, a 1.057.946, de los que el 71,09 por ciento (752.005) ya la tienen concedida.

En este punto, las autonomías que más han superado las previsiones son Andalucía (202.147 previstas, 328.866 con reconocimiento de prestación y 269.797 beneficiarias con derecho a prestación a 1 de enero de 2012); Cataluña (181.617; 220.295 y 179.861 respectivamente); la Región de Murcia (33.245; 44.977 y 38.321); Castilla-La Mancha (57.860; 71.777 y 56.181) y País Vasco (54.544; 64.335 y 51.664). En cuanto a los grandes dependientes (grado III), todas las comunidades autónomas se han desviado de las previsiones iniciales. La que menos, Navarra, cuya desviación es solo del 10,69 por ciento. En el lado opuesto, la Región de Murcia (207,96 por ciento), Andalucía (197,44 por ciento), y La Rioja (160,96 por ciento).

Desviación presupuestaria

El aspecto presupuestario ha sido desde el principio uno de los caballos de batalla para la implantación de la Ley. La previsión inicial de 2007 era que a 1 de enero de 2012 el total acumulado fuera de 4.763 millones. Sin embargo, el total ha sido de 7.487 millones, siendo el año 2009 en el que esta desviación fue mayor, puesto que la previsión de 2007 marcaba para ese año 979 millones y en realidad la aportación de los Presupuestos Generales del Estado fue de 2.179 millones.
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