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Andalucía y Cataluña son las regiones más deficitarias de fármacos oncológicos

Juan Jesús Cruz insta a no relacionar el acceso a la medicación con “contener el gasto”

Jueves, 10 de octubre de 2013, a las 16:52

Redacción. Madrid
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) ha remitido un comunicado en el que denuncia las trabas actuales en el acceso a fármacos, basándose en una encuesta a 80 jefes de Servicio de hospitales de toda España. En cada uno de los centros analizados existe al menos un fármaco “en algunas de sus indicaciones” que no está disponible, alerta la SEOM. La situación más deficitaria se está viviendo en Cataluña y Andalucía.

Juan Jesús Cruz, presidente de la SEOM.

La citada encuesta ha analizado específicamente “la existencia de dificultades para la prescripción de fármacos oncológicos de alto impacto económico que tuvieran indicación aprobada y con todos los trámites regulatorios necesarios completados para su uso en el SNS”. Cada jefe de Servicio ha respondido sobre los fármacos teniendo en cuenta parámetros como prescripción sin limitaciones; prescripción posible pero con limitaciones (generalmente realización de informes justificativos); y prescripción no permitida en ese hospital en concreto. Una vez recabados los datos por comunidades autónomas, la SEOM ha confirmado que “porcentualmente se observa que el mayor número de problemas se agrupan en Cataluña y Andalucía”.

Para los oncólogos, esta encuesta “refuerza la postura siempre defendida por la SEOM  de no admitir que ningún tratamiento aprobado por el SNS quede fuera de los procedimientos terapéuticos disponibles por los oncólogos españoles y que se produzcan desigualdades en el acceso a los tratamientos en los diferentes comunidades autónomas y dentro de éstas en distintos hospitales”. En esta línea, el presidente de la entidad, Juan Jesús Cruz, ha remarcado que “el oncólogo debe ofrecer a los pacientes aquellos tratamientos que hayan demostrado ser eficaces, seguros y se encuentren avalados por las agencias reguladoras, y los aspectos relacionados con el coste de los mismos deben ser tratados de una manera racional por las autoridades sanitarias, los expertos y la industria farmacéutica, sin que las demoras en su incorporación a la práctica clínica supongan un perjuicio para los pacientes. El uso de los mejores tratamientos oncológicos es un derecho irrenunciable que no tiene por qué estar reñido con un empleo racional de los recursos y un mayor celo en la contención del gasto”.