Redacción Médica
21 de septiembre de 2018 | Actualizado: Viernes a las 19:50

El Gobierno niega a Aragón la potestad para acreditar en prescripción a los enfermeros

Asegura que la acreditación de los profesionales de enfermería para la indicación, uso y autorización de medicamentos debe ser emitida por el Ministerio de Sanidad

Viernes, 18 de marzo de 2016, a las 17:15
Redacción. Madrid
Aragón no ha tenido mejor suerte que Andalucía. El Consejo de Ministros ha apuntado que el gobierno aragonés carece de la competencia para asumir la competencia en la formación de los enfermeros para dispensar medicamentos, recordando que “la acreditación de los profesionales de enfermería para la indicación, uso y autorización de medicamentos debe ser emitida por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad”. Una postura que, dos semanas antes, ya había mostrado ante Andalucía.

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta
en funciones de España.

El Consejo de Ministros ha argumentado que “la formación adicional exigida para que los profesionales de enfermería puedan realizar las actividades de indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos no puede tenerse en cuenta como formación continuada, ya que el objetivo de ésta es actualizar y mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes de los profesionales ya adquiridos y la competencia para realizar esas actividades no está incluida en los programas formativos de los títulos oficiales”.

En línea con este principio, insisten en que las competencias de indicación, uso y autorización de medicamentos “no pueden encuadrarse dentro de la formación continua, sino que deben considerarse como la acreditación de los profesionales de enfermería para el ejercicio de una nueva competencia profesional”. En este sentido, se descarta la petición de la comunidad autónoma.

No obstante, no les limita toda su participación. El Consejo de Ministros ha recordado que las comunidades autónomas tienen competencia para establecer los planes de formación que consideren oportunos, “para comprobar que las diferentes entidades que prestan un servicio de formación se ajustan a los requisitos establecidos, expedir los diplomas que oficialicen estas enseñanzas y emitir los informes de evaluación que consideren necesarios”.

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