20 nov 2018 | Actualizado: 21:40

El Colegio de Barcelona apoya que el General mantenga el concierto

Aún no existe una notificación oficial de la Consejería

Viernes, 26 de febrero de 2016, a las 20:37
Patricia Biosca.
La intención de la Consejería de Salud de sacar de la asistencia pública al Hospital General de Cataluña (HGC) sigue despertando la polémica y las reacciones del colectivo médico. Según ha podido saber Redacción Médica, se ha celebrado una reunión de la junta facultativa con el comité de empresa y con el Colegio de Médicos de Cataluña para acordar los pasos a seguir si se diera la salida de este centro y el del Vallés del Siscat (sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya).

El portavoz de la junta facultativa del HGC, Miguel Ángel Carrasco, ha aseverado a este diario que ni los médicos ni la dirección del centro tienen aún la notificación de la voluntad del consejero a este respecto.

Jaume Padrós y Antoni Comín.

“Hemos acordado solicitar una reunión tanto con el consejero de Salud como con la alcaldesa de San Cugat, además de acudir al Síndic de Greuges (el Defensor de las Personas)”, ha afirmado el portavoz, que ha puntualizado que estos acuerdos se han producido con el comité mientras que el Colegio de Médicos, bajo la dirección de Jaume Padrós, les ha transmitido su “total apoyo” en cuanto a la permanencia del contrato entre el Catsalut y el centro hospitalario.

Los médicos afirman que se les ha transmitido la posibilidad de que, aunque se les haya expulsado de la red de hospitales, desde el Gobierno regional se mantengan los conciertos. “En realidad solo llevamos dentro del Siscat tres años, y no veríamos mal la salida si no se comprometen los conciertos. De hecho, se dijo de entrada a la firma del convenio que esta situación acabaría este año, pero ahora no sabemos si Comín quiere rescindir totalmente la actividad pública del HGC y esto es lo que tenemos que hablar en la reunión”, ha afirmado Carrasco.

Según Carrasco, el cierre del HGC no depende de este concierto, ya que la actividad pública solo supone un 15 por ciento, “aunque si se produce un final abrupto, estaríamos hablando de 150 despidos”. “Perder una ‘pata’ supone poner en peligro todo lo demás”, ha afirmado el portavoz de la junta facultativa.