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CESM denuncia que la Consejería atenta contra los acuerdos vigentes en materia de pensiones y jubilación

El Sindicato Médico lamenta que se pretenda sustituir a profesionales altamente cualificados por gente con menos experiencia y salarios menores

Lunes, 04 de marzo de 2013, a las 10:52

Redacción. Valencia
El Sindicato Médico CESM-CV, a raíz de la pretensión de aprobación de un Plan de Ordenación de Recursos Humanos por parte de la Consejería de Sanidad, denuncia que no se reflejan en el mismo previsiones de necesidades futuras por categoría y especialidad al buscar la jubilación masiva de los facultativos mayores de 65 años.

Andrés Cánovas, secretario general de CESM-CV.

En su argumento, y mediante un comunicado, exponen que el Gobierno de España presentó en octubre de 2012 un Informe al Pacto de Toledo en el que, entre otras cosas, se recuerda la declaración del Congreso de los Diputados de 25 de enero de 2012 que reza en uno de sus apartados: “Es prioritario remover la normativa que fuerza a colectivos o personas a la jubilación obligatoria, en contra de sus deseos y capacidades. No debe establecerse un límite de edad para el trabajo en un régimen de libertades individuales y de derechos fundamentales”.

A pesar de esto, CESM-CV critica que la Consejería quiere “justificar ante los tribunales de justicia la jubilación masiva de los facultativos mayores de 65 años que deseen permanecer en activo”.

Para ello, el departamento dirigido por Manuel Llombart se apoya en el Estatuto Marco, aprobado en 2003 a iniciativa de la que fuera Ministra de Sanidad Ana Pastor, que establece la jubilación forzosa de los profesionales sanitarios a los 65 años en el marco de los Planes de Ordenación de Recursos Humanos de las CCAA.

De esta forma, el sindicato considera que “se debería completar una reforma del Estatuto Marco" y que la Consejería “atenta contra el espíritu del Pacto de Toledo y de los acuerdos vigentes en materia de pensiones y jubilación”. Asimismo, según CESM-CV, “dilapida de modo negligente recursos públicos al apartar del servicio activo a profesionales altamente cualificados, a la vez que les condena a la pérdida del 50 por ciento de sus retribuciones, sustituyéndoles por gente con menos capacidad y menos salarios”.

Además de estos puntos y de “contradecir los planteamientos del Gobierno”, para el Sindicato establece una “deslealtad institucional grave al cargar a las arcas de la Seguridad Social, en forma de pensiones, cantidades económicas actualmente a cargo de la Comunidad Autónoma”.