Tras las cargas policiales del 1-O, la Consejería de Salud entonces dirigida por Antoni Comín lanzó un publicitado programa de atención psicológica para los afectados. Prácticamente un año después, la mencionada institución, ahora dirigida por Alba Vergés, se niega a hacer públicos los datos de dicho programa. ¿Cuánta gente ha sido atendida?, ¿qué patologías se han detectado?, ¿qué inversión se ha realizado? o ¿cuánta gente sigue en tratamiento? Son preguntas a las que la Consejería no quiere dar luz alegando que “al formar parte de un conjunto de global de atenciones” no se dispone “de un desglose de las mismas”. Un argumento que resulta una buena fotografía de la falta de transparencia que el departamento de Salud guarda en la gestión de los recursos públicos…
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