Se ha acordado encargar la auditoría de las concesiones y paralizar la demolición de la antigua Fe



1 jul. 2015 16:05H
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Redacción. Valencia
El primer Consell del nuevo gobierno valenciando, liderado por el socialista Ximo Puig, ha nombrado, este miércoles a Dolores Salas Trejo como nueva Secretaria Autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público. Salas ha sido directora del Plan Oncológico de la Comunidad Valenciana y miembro del Comité Institucional de la Estrategia del Cáncer del Sistema Nacional de Salud dentro del grupo de trabajo de cribado.

Mònica Oltra.

En esta primera reunión la Consejería de Sanidad también ha encargado la auditoría sobre las concesiones administrativas y ha decidido paralizar el concurso para derribar el antiguo hospital La Fe de Valencia hasta que conocer las conclusiones de un informe técnico que determine “si existe posibilidad de recuperarlo”.

Así, lo ha señalado la portavoz del Consell, Mònica Oltra, en rueda de prensa tras la celebración del primer pleno del Gobierno valenciano, en el que cada consejería ha propuesto una primera medida de actuación que consideran prioritaria.

Al respecto, Oltra ha explicado que se ha encargado una auditoría sobre todos los servicios sanitarios privatizados y en ese sentido ha recordado que la Sindicatura de Comptes ya señaló en sus informes que si se prestara el servicio de resonancias magnéticas con medios propios de la sanidad pública valenciana “se podría ahorrar hasta 17 millones de euros”.

Asimismo, se auditará las concesiones administrativas de los cinco departamentos de gestión privada  (Ribera, Manises, Denia, Elx-Vinalopó y Torrevieja)  y en el caso de que se detecte algún incumplimiento “se les van a requerir que los cumplan los contratos”.

La consejera de Sanidad y Salud Pública, Carmen Montón, se ha comprometido a “rescindir todos los conciertos posibles para retornar la sanidad a lo público”, ha señalado, y a recuperar las concesiones administrativas y la gestión de las resonancias magnéticas. Mientras tanto aplicarán “un control exhaustivo” de esos conciertos para que “se cumplan los requisitos de calidad y buena gestión que la ciudadanía merece”.
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