El Gobierno vasco apuesta por una "negociación colectiva" para llegar a un SMI propio, pero descarta fijarlo ya

 El consejero de Economía, Trabajo y Empleo de Euskadi, Mikel Torres.
El consejero de Economía, Trabajo y Empleo de Euskadi, Mikel Torres.


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POR ISAAC CABANELAS
El Gobierno de Euskadi ha descartado la iniciativa legislativa popular (ILP) presentada por los sindicatos ELA, LAB y ESK que propone el establecimiento de un salario mínimo interprofesional (SMI) propio en el territorio vasco, y mayor al fijado por el Estado. Un posicionamiento que nubla la posibilidad de que los MIR de primer y segundo año vean aumentado su salario base y puedan dejar de realizar más guardias de las legales para llegar a un salario de 1.700 euros.

Según ha explicado tras la reunión del Consejo de Gobierno el consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, "el Ejecutivo ha aprobado un criterio negativo ante esta propuesta", basado en "tres grupos de razones fundamentales".

Desde un punto de vista jurídico-constitucional, "la fijación de un SMI es una competencia exclusiva del Estado". "Así lo establece el artículo 149 de la Constitución, que atribuye al mismo la legislación laboral básica sin prejuicio de que su ejecución pueda realizarse por los órganos de las comunidades autónomas, tal y como indica el Estatuto de los Trabajadores", ha fundamentado.

Establecer un SMI propio vía ley


Además, ha puntualizado que "la ILP solicita al Parlamento vasco que remita a la Mesa del Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) que afecte al reparto competencial entre el Estado y las regiones, invocando el artículo 151 de la Carta Magna". Un procedimiento que solo se puede llevar a cabo vía "ley orgánica o ley marco, de naturaleza ordinaria, y que indique principios, bases y directrices a los que se debe sujetar ese ejercicio de la competencia".

Por otro lado, Torres ha subrayado que "las razones de oportunidad" es otra de las causas que ha motivado la negativa del Gobierno de Euskadi. "La modificación propuesta requiere un análisis técnico previo sobre el impacto económico, jurídico y social que tendría el hecho de establecer salarios mínimos con diferencias por territorio", ha añadido. Un análisis, además, "que debería poner también el foco en las consecuencias que tendría la ruptura de la unidad de mercado y que precisaría, por tanto, de un consenso previo entre los agentes sociales, sindicatos y organizaciones empresariales, aparte de entre los Gobiernos autonómicos y esstatal".

"No debemos olvidar que la economía vasca se caracteriza por una gran diversidad empresarial, desde microempresas hasta grandes empresas multinacionales que operan en mercados muy diferentes. Esta heterogeneidad exige prudencia y consenso a la hora de abordar cualquier cambio estructural", ha alertado. 

Hacia una negociación colectiva


En tercer lugar, el consejero ha detallado que "la mejor fórmula, la más posible y la más efectiva para llegar a acuerdos sobre salarios es la negociación colectiva". "En su compromiso 61, respecto al acuerdo entre los socios de Gobierno -Partido Nacionalistas Vasco (PNV) y PSE- de junio de 2024, insta en su iniciativa tercera a promover en la mesa de diálogo social que el acuerdo interprofesional recoja un salario mínimo de negociación colectiva que se corresponda con la realidad socioeconómica del país vasco, siempre desde el respeto a la autonomía de los agentes sociales", ha recordado. 

De esta forma, ha puesto en valor el esfuerzo del Ejecutivo en llegar a un acuerdo. En este sentido, ha explicado el estudio trasladado a los agentes sociales que recomendaba "un SMI de entre los 1.286 y los 1.385 euros brutos en 14 pagas"

Más contundente ha sido la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena: "No es posible un SMI distinto al del Estado dentro de la legalidad". No obstante, las palabras de Torres no descartan que el Gobierno autonómico siga intentando que esa legalidad cambie, aunque será un proceso largo y complejo.

Los SMI de Osakidetza


Tal y como pudo conocer Redacción Médica cuando se presentó la ILP, la propuesta sindical afectaría directamente a Osakidetza, el principal baluarte público de Euskadi. En el texto, firmado por 10.218 personas según los datos de la Mesa del Parlamento, se pone encima de la mesa 1.654 euros como SMI. Un dato basado en la Encuesta de Pobrezas y Desigualdades de 2022 y en determinados estándares de productivdad o los niveles de vida. 

Si se llegara a establecer, esta medida permitiría que "los MIR llegaran a los 1.700 euros sin condiciones laborales muy precarias". Según los datos del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada, los R1 cobran 1.379 euros brutos mensuales en Euskadi, mientras que los R2 1.486 euros.

Y así, los MIR vascos "no tendrían que acumular más de las dos guardias legales que se permiten para llegar a un sueldo fuera de la ausiencia de bienestar", según fuentes sindicales. Por lo pronto, con la negativa del Ejecutivo vasco se cierra la puerta a una iniciativa que podría 'revolucionar' muchos salarios de Osakidetza. No obstante, la "negociación colectiva" sigue siendo una opción.
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