Euskadi define como "invasión competencial" el nuevo plan de Universidades

El próximo miércoles, el Gobierno vasco, liderado por Imanol Pradales, se reunirá con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para transmitir su desacuerdo con la reforma del Real Decreto 640/2021, que regula la creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, así como la acreditación institucional de estos centros. Una norma que afectará plenamente a las facultades privadas de Medicina y que puede suponer un gran bache para sus respectivas puestas en marcha.

Tal y como ha asegurado en rueda de prensa el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Ejecutivo de Euskadi, Juan Ignacio Pérez, se trata de una "innvasión competencial" con la que no están de acuerdo. Por ello, aprovecharán dicha reunión para transmitirle su posicionamiento al Gobierno de España.

Plazo de alegaciones

También se ha pronunciado respecto a la publicación del Ministerio de Diana Morant que afirmaba que el Departamento liderado por Pérez había presentado fuera de plazo sus alegaciones al Real Decreto. "Se trata de una afirmación incorrecta, que parte de la premisa errónea de que el Departamento debía presentar sus alegaciones dentro del plazo previsto en el trámite de audiencia e información públicas abierto por el Ministerio. Sin embargo, ese trámite, según el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, está dirigido específicamente a la ciudadanía y, concretamente, a aquellas personas cuyos derechos e intereses legítimos puedan verse afectados, así como a las organizaciones o asociaciones legalmente reconocidas que los representen y cuyos fines guarden relación con el objeto de la norma", ha afirmado.

Según ha explicado, es en la Conferencia General de Política Universitaria donde también se puede abordar este procedimiento. De hecho, el Ejecutivo ha especificado que el trámite de audiencia e información públicas abierto por el Ministerio no es el cauce legalmente previsto para la participación de las Comunidades Autónomas en la elaboración de normas por el Estado cuando otras administraciones públicas ostentan competencias concurrentes en la materia objeto de regulación.

"Las alegaciones formuladas por el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación al Ministerio deben entenderse como un escrito entre dos administraciones públicas competentes, en el marco de las relaciones de colaboración, cooperación y coordinación previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Y tal escrito no se ha amparado en el trámite de participación pública, sino que se ha trasladado como lo que es: una comunicación institucional entre administraciones públicas", han manifestado.