Comptos recomienda a la sanidad pública que asuma la interrupción del embarazo

Redacción. Pamplona
La sanidad pública de Navarra, que no realiza este tipo de intervenciones desde 1986, debería asumir la interrupción voluntaria del embarazo ya que hay profesionales disponibles y supondría un ahorro dada la diferencia económica existente respecto a los centros privados.

Marta Vera, consejera de Salud.

Así lo recomienda el organismo fiscalizador en el informe que ha remitido al Parlamento sobre el coste de la interrupción voluntaria del embarazo en Osasunbidea, según el cual el año pasado la sanidad pública destinó 437.000 euros a este tipo de intervenciones en centros privados.

El informe precisa que, en la sanidad pública, la interrupción farmacológica ronda los 200 euros, mientras que lo pagado a la clínica privada de Ansoáin es "más del doble: 454 euros".

En cuanto a la intervención quirúrgica con anestesia regional, la estimación del coste en el Servicio Navarro de Salud ronda los 550 euros, similar a su derivación a la clínica de Ansoáin, San Sebastián o Bilbao, excluyendo los gastos de desplazamiento.

El coste de la intervención con sedación supondría unos 600 euros en los centros de Osasunbidea, ligeramente inferior a la clínica de Ansoáin y al coste en San Sebastián

En total, en 2012 se costearon 981 interrupciones voluntarias de embarazos, de las que 842 se llevaron a cabo en la clínica de Ansoáin (Navarra), que percibió un montante total de 352.000 euros, 104, en Zaragoza; 23, en Madrid; y 12, en San Sebastián.

La Cámara concluye que, "ante la aparente disponibilidad de profesionales para realizar este tipo de intervenciones, Osasunbidea debería considerar la posibilidad de realizar las interrupciones farmacológicas en centros públicos, dada la diferencia económica entre el coste y la tarifa abonada a los centros privados".

Asimismo recomienda analizar la posibilidad de hacer en la red pública las interrupciones quirúrgicas en embarazos menores a 14 semanas de gestación, teniendo en cuenta tanto las variables económicas como otras, entre las que se cita el coste de oportunidad de ocupación de quirófano.

En estos casos, el informe, que ha elaborado a petición de los del grupos parlamentarios de NaBai, Bildu e I-E, pide al Gobierno foral que preste el apoyo necesario a los profesionales que realicen las intervenciones.

En el caso de continuar realizando las interrupciones en el ámbito privado, apunta que se establezca "un concierto con las condiciones y procedimientos incluidos en la tarifa, ya que actualmente no existe".

Asimismo, solicita analizar con mayor profundidad el perfil de la mujer que se somete a este tipo de intervención para diseñar estrategias de prevención de embarazos no deseados y mejorar la educación y orientación sexual.

En el informe, que recuerda que la ley incluye el derecho a la objeción de los profesionales, se señala que en Navarra sólo se han efectuado diez operaciones de este tipo desde la despenalización del aborto en 1985, ya que en 1986 una asociación presentó una querella criminal contra tres ginecólogos y el director del Hospital Virgen del Camino, un proceso que terminó cuatro años después con la absolución de todo el personal acusado.

A partir de entonces, no se practicó ninguna interrupción del embarazo en el ámbito público ni privado, derivándose a las mujeres que lo solicitaban a centros de otras comunidades, hasta que a finales de 2011 se inauguró en Ansoáin una clínica privada en la que se realizan estas intervenciones hasta la semana 14 de gestación.

El informe de la Cámara destaca que en abril de 2010 once ginecólogos afirmaron públicamente que no había razones para no ofrecer esa prestación en la sanidad pública, "contestando la consejera de Salud que la objeción venía de otros colectivos: anestesistas y enfermeras".

Ante esta situación, se creó "un registro de profesionales objetores a la práctica de estas intervenciones, que cuenta actualmente con la inscripción de una persona", advierte la Cámara, que cifra la tasa de interrupciones de embarazo en Navarra en 6,9 por 1.000 mujeres, frente a los 12,4 de la media nacional, el 55 por ciento españolas y con edades de entre 20 y 34 años.