Redacción Médica
18 de julio de 2018 | Actualizado: Martes a las 18:45
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Rechazo en bloque a la “privatización” sanitaria que ultima Carmena

La licitación de dos lotes de Madrid Salud por 6 millones suscita críticas de PSOE y los sindicatos

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
Rechazo en bloque a la “privatización” sanitaria que ultima Carmena
Redacción
Jueves, 20 de julio de 2017, a las 16:30
La externalización de dos servicios sociosanitarios dependientes del Ayuntamiento de Madrid –que salen a concurso por 6 millones de euros– ha suscitado el rechazo de las fuerzas sindicales y también del PSOE, partido que sostiene el gobierno de Manuela Carmena. Los socialistas han presentado una moción en el Pleno de este jueves  una moción de urgencia para detener el "proceso de privatización y externalización de servicios" que sufre el organismo autónomo Madrid Salud.
 
La portavoz del PSOE, Purificación Causapié, ha exigido que "se mantenga el carácter público" de los "servicios sanitarios", tal y como ha defendido su partido "con uñas y dientes". El PSOE viene denunciando desde hace tiempo la precaria situación de Madrid Salud, que ha perdido 200 trabajadores en la última década y señala que si no hay una apuesta decidida por "reforzar la plantilla", el servicio está "condenado a desaparecer".
 
Los dos contratos a externalizar son el Servicio de educación social y mediación intercultural de apoyo a la salud comunitaria (Sesmiasc) y el Plan de prevención y promoción de la salud en el cuidado de la vida cotidiana. Causapié ha afirmado que los sindicatos opinan "en la misma línea" que el PSOE, que considera "prioritario" evitar la externalización en este ámbito.

Frente sindical
 
En efecto, las Secciones Sindicales de CCOO, UGT y CSIF han manifestado en un comunicado “su total rechazo” a la privatización por parte del Ayuntamiento” de estos dos servicios. Algo que no dudan en calificar de contrario a las promesas electorales suscritas por Ahora Madrid. “No solo no se termina de abordar la remunicipalización de servicios privatizados, manteniendo y renovando los contratos de servicios externalizados por el Gobierno anterior, sino que ahora se pretende ampliar la privatización en detrimento de la gestión directa”.
 
Los sindicatos firmantes consideran que estas licitaciones persiguen “la privatización a corto plazo de los servicios prestados por el Organismo Autónomo Madrid Salud”. En ese sentido, el sindicato UGT ha fechado la entrada en vigor de estos contratos el próximo 1 de septiembre como el comienzo de la externalización del servicio municipal de salud.
 
Desde Amyts, su secretario general, Julián Ezquerra ha señalado que “la palabra privatización define bien” lo que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid en este caso. “Todo lo que sea la privatización del sector público lo vemos mal, lo haga quien lo haga”, ha señalado, añadiendo que no entiende como un partido como Ahora Madrid puede criticar unas políticas de otras fuerzas y “justificarlas” cuando están en el poder. “No es coherente en un partido que lo ha criticado sistemáticamente”.
 
Tasa de reposición

Desde Ahora Madrid, tanto el concejal del ramo, Javier Barbero, como la portavoz del ejecutivo municipal, Rita Maestre, han salido al paso de la polémica acusando al ejecutivo central. Así, Maestre ha apuntado que si los efectivos de Madrid Salud han quedado “diezmados, ha sido por las tasas de reposición por debajo del 30 por ciento de los últimos años, que impedían contratar. Barbero, por su parte considera que no se trata de una privatización, ya que los servicios que se licitan son de nueva creación y no sustituyen a Madrid Salud.
 
Sin embargo, estos argumentos no convencen a los sindicatos. “Por mucho que nuestros actuales gestores quieran confundir a la opinión pública, hablando de hibridación en lugar de privatización, o alegando la imposibilidad de contratar, los sindicatos municipales afirmamos que no dicen la verdad, que es posible prestar los servicios licitados en gestión directa. Si nos quieren escuchar, nos mostramos dispuestos a presentarles nuestras alternativas”, señalan CCOO, UGT y CSIF en el comunicado.