Los tres grupos de la oposición, PSOE, Podemos y Ciudadanos, han votado a favor de controlar el cumplimiento de éstos

Podemos, a favor de cumplir los contratos con las concesionarias
Diego Sanjuanbenito, del Partido Popular; José Manuel Freire, del PSOE; Mónica García, de Podemos; y Daniel Álvarez Cabo, de Ciudadanos.


21 abr. 2016 16:20H
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El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una moción sobre las concesiones administrativas de la Atención Especializada a las poblaciones asignadas a los centros de Valdemoro, Rey Juan Carlos de Móstoles, Torrejón y Collado- Villalba.

La Asamblea ha aprobado la moción con los votos a favor de PSOE, Podemos y Ciudadanos que, en su primer punto, pide “garantizar a la sociedad madrileña el cumplimiento estricto de los contratos tanto por las Sociedades Concesionarias, como por la propia Administración”.

La moción, que consta de ocho puntos, continúa pidiendo “realizar una auditoría y una revisión de los contratos de todas las concesiones para garantizar los derechos de los pacientes y el interés del servicio público”.

Sin embargo, en origen, este punto incluía la frase “buscando fórmulas para renegociar aquellos aspectos que sean lesivos para el interés general” y este ha sido uno de los aspectos en los que ha discrepado el Grupo Parlamentario Popular ya que, según su portavoz en la Comisión de Sanidad, Diego Sanjuanbenito, “están diciendo que el gobierno permitía situaciones lesivas para el ciudadano, cuando no es así”.

Asimismo, la moción presentada por el diputado socialista José Manuel Freire incluye: poner en marcha mecanismos adicionales que protejan la calidad asistencial y las buenas prácticas clínicas en estos hospitales gestionados por entidades comerciales; reforzar, y en su caso, crear órganos eficaces de control y seguimiento de estas concesiones dentro de los servicios centrales del Sermas;  crear y dotar la figura del Delegado de la Administración en todos y cada uno de los Hospitales gestionados por las Sociedades Concesionarias; regular la declaración de conflictos potenciales de interés que pudieran darse entre la empresa concesionaria y el servicio público que gestiona; introducir medidas de transparencia efectiva en todo lo relacionado con estos contratos; y, por último, dar cuenta en la Asamblea de la implementación de esta Resolución.

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