La consejera de Sanidad ha señalado que, según sea el caso, se solicitan pruebas complementarias

Fátima Matute, consejera de Sanidad de Madrid.
Fátima Matute, consejera de Sanidad de Madrid.


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De 72 horas a seis semanas es lo que tarda la Comunidad de Madrid en la realización de pruebas complementarias, ya sea para casos donde no se detecte malignidad o en los que sí, tras los cribados de cáncer de mama. Así lo ha informado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, al ser consultada por los procesos que siguen en la región luego que la Junta de Andalucía reconociera retrasos en el seguimiento de pruebas no concluyentes de por lo menos 2.000 mujeres

"Cuando hay una mamografía en la que se necesita una prueba complementaria porque haya dudas -no porque se sospeche malignidad-, el protocolo es que en menos de seis semanas se realice la prueba complementaria", ha detallado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Estas pruebas adicionales pueden ser ecografías, una proyección complementaria de mamografía u otra prueba diagnóstica como una resonancia magnética de mama. 

En cambio, si hay sospecha de malignidad, los plazos se aceleran. La consejera ha indicado que la región tiene "zanjado" que en "menos de 15 días" se debe hacer la siguiente exploración a la paciente. "Normalmente es en menos de una semana, incluso en 72 horas", ha dicho, activándose el circuito de sospecha de malignidad que va "a parte del cribado".
 
Precisamente, apenas el viernes, Matute descartaba que una situación similar a la de Andalucía se produjera en Madrid. "Hemos vuelto a revisar el circuito que se realiza, además de forma habitual porque hay que trabajar en forma continua, y eso no ocurre", dijo en un desayuno con la prensa. 

Pedido de comisión investigadora en Andalucía


El caso de los cribados de cáncer de mama en la región andaluza sigue causando revuelto. Este miércoles, los grupos parlamentarios Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, han registrado en el Parlamento, de forma conjunta, una solicitud para crear una comisión que investigue los "fallos" que se han producido. Los portavoces María Márquez, Inma Nieto y José Ignacio García, respectivamente, han coincidido en que se deben depurar responsabilidades



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