Redacción. Madrid
La Plataforma de Centros de Salud han presentado en el Registro de la Consejería de Sanidad la anunciada dimisión en bloque de aproximadamente la mitad de los equipos directivos de los centros de salud de la región, es decir, las cartas de renuncia de 322 profesionales de 137 centros que comunican su disposición a dejar de realizar estas funciones en caso de que se lleve a cabo la externalización de 27 centros de Atención Primaria, ha explicado el portavoz de la citada plataforma, Paulino Cubero.

Paulino Cubero

Junto a ello, también se ha presentado cerca de 3.000 firmas de profesionales que renuncian a la participación en las comisiones de centro. Ambas medidas podrían generar, en caso de hacerse efectivas, el "colapso" en la organización de los centros de salud en los que se realicen estas denuncias.

Asimismo, ha concretado que de los 260 centros de salud que tienen registrados, esperan que presenten la dimisión más del 50 por ciento de ellos, lo que sería un número "absolutamente contundente" para la Consejería de Sanidad.

Por otra parte, varios equipos directivos han indicado la semana pasada en un comunicado que 139 equipos se habían adherido a esta iniciativa, mientras que 78 no se habían pronunciado y 38 habían renunciado a dimitir, después de la aprobación el 27 de diciembre de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, que permite que la Comunidad de Madrid amplíe la externalización sanitaria.

"En total son 375 responsables de centros de salud los que ya han presentado su dimisión y casi 3.000 responsables de las comisiones de los centros de salud", han señalado los sanitarios, que especificaron que habían presentado su posible dimisión 120 directores, 118 responsables de Enfermería y 98 responsables administrativos.

Asimismo, los profesionales han concretado que ya habían presentado las firmas para la dimisión, en caso de que se llevara a cabo la externalización, los responsables de las comisiones de 158 centros de salud, incluidos 35 centros en lo que no había dimitido el equipo directivo.

Ante estos datos, y a juicio de los sanitarios, "resulta clara la determinación de los profesionales a no colaborar en el desmantelamiento del modelo de Atención Primaria".

"Las dimisiones serán efectiva en el momento en que se ejecute su plan", ha dicho el portavoz de la Plataforma para remarcar que en caso de producirse estas renuncias, aspecto que espera que finalmente no llegue a producirse, podría supone el "colapso" de los centros de salud afectados por estas renuncias.

A juicio de Cubero, la Consejería de Sanidad no podrá sustituir a estos profesionales porque la mayoría de ellos no quiere asumir esas funciones si se lleva a cabo la externalización, como prueba los cerca de 3.000 médicos que han rechazado participar en las comisiones técnicas, que son apoyo a las labores de dirección. "Esto no es nada fácil de sustituir", ha apostillado.

Anteriormente, la plataforma ha manifestado su voluntad de apostar por la Gestión Clínica, que significaría desarrollar el Plan de Autonomía de Gestión para los 260 Centros de Salud de la Comunidad "frente a la politización actual de la gestión o la creación de guetos asistenciales que se ha propuesto".

Así, han considerado que "esas son las medidas que precisa la Atención Primaria madrileña", pero que, en caso de que la Consejería continuase adelante y decidiera sacar el pliego con las condiciones del concurso de privatización de la gestión, esperaban que "se hubieran tomado todas las medidas necesarias para organizar la asistencia en la mayoría de los centros con la colaboración de los profesionales que habrían renunciado".

IU pide la comparecencia de Lasquetty

El portavoz de Sanidad de Izquierda Unida (IU) en la Asamblea, Rubén Bejarano, ha pedido la comparecencia del consejero del ramo, Javier Fernández-Lasquetty, para que explique la situación en la que quedarán 137 centros de salud de la región después de que sus directores hayan anunciado que presentarán su dimisión.

De esta forma, el diputado de IU ha solicitado la reunión de la Diputación Permanente, puesto que el mes de enero es inhábil en la Asamblea y no se celebran plenos, con el fin de que el consejero explique esta "situación de conflicto" y al mismo tiempo exigirle responsabilidades por el ataque del Gobierno a la Sanidad pública.