Un tribunal ha decretado el archivo de la denuncia presentada por Tomás Merina tras las elecciones en el colegio

La justicia descarta las acusaciones de Merina sobre el colegio de médicos de Madrid.
Sede del Ilustro Colegio Oficial de Médicos de Madrid.


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La vía penal del conflicto desatado tras las elecciones en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem) ha quedado cerrada. Y es que el Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid ha desechado la denuncia del otrora candidato a dirigir la institución profesional, Tomás Merina, contra los miembros de la Comisión de Recursos de dicha entidad, acusados de un delito de prevaricación y revelación de secretos. Asimismo, el tribunal ha aconsejado acudir a la jurisdicción en la que se valore el incumplimiento de la normativa sobre colegios profesionales y sus comicios.

La resolución del mencionado órgano judicial, a la que ha tenido acceso Redacción Médica, ha señalado que los hechos presentados por Merina no constituyen delito. Motivo por el que el juez ha ordenado el sobreseimiento provisional y el archivo de las acusaciones del denunciante, conclusión a la que llegó el pasado 5 de abril.

Respecto a la prevaricación, el tribunal ha afirmado que este delito requiere que el sujeto activo reúna "el carácter de funcionario o autoridad", además de haber emitido una resolución de carácter administrativo en el ejercicio que sea arbitraria o injusta. En el caso de este proceso, no se cumpliría ninguna de las dos características indicadas, por lo que la confirmación penal de esta actuación quedaría descartada. En cuanto a la revelación de secretos -filtración de documentos oficiales a la prensa, según la acusación de Merina-, el juzgado madrileño ha respondido que no se ha aportado ninguna prueba que verifique esta acción.


El tribunal ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de las acusaciones vertidas por Merina



Eso sí, existía la opción de que la resolución fuese recurrida por Merina. En concreto, tenía la opción de demandar la reforma de la decisión tomada por el juez, con el objetivo de prolongar la etapa penal de este procedimiento, pese a las recomendaciones plasmadas en este auto judicial. El Icomem ha desvelado que el denunciante sigió dicha ruta, pero la decisión juez fue ratificada por la Audiencia Provincial de Madrid, con lo que se puso punto y final a esta fase del procedimiento.


Enfrentamiento en la sede de la Medicina madrileña


Las discrepancias comenzaron en las elecciones del Icomem celebradas en diciembre de 2024. En estas, Merina obtuvo la victoria, pero no llegó a tomar posesión del cargo, debido a que la Comisión de Recursos de la entidad colegial suspendió su candidatura cinco días ante del acto. Bajo su prisma, el facultativo no había presentado la documentación suficiente para demostrar que ejercía la profesión en el momento de los comicios. Un aspecto que ya había señalado el entonces presidente de la institución profesional, Manuel Martínez Sellés.

Merina indicó que trabajaba como director médico en la compañía Oncogenomics S.L., pero el contrato aportado no revelaba sus funciones ni las condiciones laborales en las que realizaba. Además, esta corporación no aparecía en el Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la Comunidad de Madrid. De esta forma, la Comisión de Recursos esgrimió que no contaba con las pruebas suficientes para confirmar que el facultativo estuviese en activo.

La conclusión del organismo interno del Icomem fue lo que motivo a Merina a presentar una denuncia en los tribunales contra sus integrantes por los mencionados delitos. No obstante, este camino habría quedado cerrado de forma definitiva.
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