Jorge Andrada.
El Colegio de Enfermería de Madrid, por acuerdo unánime de la Comisión Permanente de su Junta de Gobierno, ha decidido personarse y adherirse a la
querella que ha interpuesto el Consejo General de Enfermería de España ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
La querella se dirige al
Presidente del Gobierno, el Ministro de Sanidad y varios cargos de su departamento por presuntos delitos contra la seguridad de los trabajadores, al entender que se han infringido las normas de prevención de riesgos laborales y por no facilitar los medios de protección necesarios para el desempeño de su actividad, al que están obligados legalmente,
poniendo de este modo en riesgo la salud y la vida de los trabajadores.
En la misma querella, también se imputan otros delitos que pudieran haberse producido, como es la
imprudencia grave con resultado de lesiones o de muerte.
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El Codem ha adoptado esta medida "en defensa de los intereses profesionales de sus colegiados, debido a las deficientes medidas de protección que vienen sufriendo las
enfermeras madrileñas ante la pandemia del Covid-19, cuestión sobre la que se ha pronunciado en múltiples ocasiones desde el comienzo de la crisis sanitaria".
El
presidente del Colegio, Jorge Andrada, ya trasladó por carta al ministro de Sanidad la preocupación de las enfermeras madrileñas “ante la reiterada y alarmante carencia de medios de protección, así como de la falta de test de detección rápida del coronavirus para poder determinar la
dimensión real de la infección entre los profesionales sanitarios”, exigiendo que estos fuesen puestos urgentemente a disposición de los profesionales e incluso solicitando, como una solución que paliara al menos en parte esos problemas, que el Gobierno permitiera a la Institución la compra de material para su entrega directa.
La desprotección de los profesionales en la asistencia directa a los
pacientes con Covid-19, por la falta de material o por su carácter defectuoso en algunos casos, ha sido sin duda la causa principal del alto número de
profesionales sanitarios contagiados y presuntamente causa del fallecimiento de varios de ellos, circunstancia que obliga al Colegio a tomar las medidas legales y a exigir responsabilidades a las autoridades
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