Galicia

El PSOE propone un plan de choque para garantizar el cumplimiento de la Ley de Dependencia

Publicada

Redacción. Santiago de Compostela
La portavoz de Justicia y Políticas Sociales del Grupo Socialista, Beatriz Sestayo, ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento gallego que reclama un plan de choque que garantice el cumplimiento de la Ley de Dependencia. A su juicio, “el fracaso y la falta de voluntad política” de la Xunta provoca que Galicia sea “la autonomía con más dependientes desatendidos del Estado”.

Sestayo ha asegurado que, de acuerdo a los datos del Gobierno central, Galicia ha aumentado de nuevo el número de dependientes en espera hasta los 53.175 y es la autonomía que más incrementa el número de personas desatendidas cada mes. Por ello, ha acusado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo de “boicotear una ley que va contra su ideario político de privatización y recorte de los servicios públicos”.

La parlamentaria socialista ha dicho que “existe una voluntad política para la obstrucción de las medida dispuestas en la Ley de Dependencia”, provocando una “situación caótica” en la atención a la dependencia.

Por este motivo, Sestayo ha presentado una propuesta de plan de choque con medidas integrales para luchar contra la desatención en Galicia y racionalizar la atención a la dependencia dentro de la línea de “oposición leal e construtiva” de los socialistas gallegos. Así, ha propuesto una dotación de persoal “suficiente” en los concellos y que la Xunta permita elaborar en plazo los trámites previstos en la ley.

La iniciativa solicita que el Ejecutivo autonómico de “prioridad” a la norma y reserve un presupuesto estable para la ley, así como la implantación de medidas tecnológicas que agilicen el intercambio de información entre las administracións y en el acceso a los servicios por parte de las personas dependientes.

La responsable socialista ha anunciado también que pedirá la comparecencia de la consejera de Trabajo y Bienestar Social para que de cuenta de las “coacciones encubiertas sobre los concellos para privatizar infraestruturas sociales”.