Una central de compra de fármacos regional para paliar el rigor del FLA

La situación de las cuentas de Extremadura, con una deuda sanitaria que asciende a 450 millones de euros y un plazo de pago a proveedores de cuatro meses, no han dejado otra opción que adherirse al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha comparecido a petición propia en la Asamblea de Extremadura este jueves para dar cuenta de uno de los aspectos que el FLA exige como contrapartida al crédito a interés cero que concede a las autonomías: suscribir el acuerdo que la Administración General del Estado firmó con Farmaindustria en noviembre.

“Tenemos que firmar este acuerdo por imperativo legal”, ha comenzado por decir Vergeles, quien ha dejado claro que no le gusta nada del convenio que el Ministerio de Sanidad firmó con la industria. “Este acuerdo solo beneficia a Farmaindustria y plantea situaciones que podrían ser leoninas para las comunidades autónomas”, ha asegurado Vergeles. El consejero ha criticado que ese documento, “pese a que dice racionalizar el gasto”, exime a la industria de compensar económicamente al Estado en buena parte de los supuestos que contempla.

Vergeles se ve, por tanto, ante la doble exigencia de reducir un gasto farmacéutico de los más elevados de España (276 euros per cápita, frente a una media nacional de 204), y de hacerlo pagando al mismo tiempo unos precios que considera excesivos.  ¿Cuál es su plan para salir del atolladero? “Proponemos una compra centralizada en Extremadura, aquí donde tenemos competencia”, ha anunciado el consejero.

Pero Vergeles ha ido más allá, ya que, según ha dicho, aunque “lo lógico sería que la compra centralizada se hiciera a nivel de toda España”, como ese tema no ha estado presente en los últimos interterritoriales, “no descartamos llegar a acuerdos con otras comunidades” para establecer una herramienta de compra centralizada de medicamentos suprarregional.

Además de eso, el plan extremeño para reducir el gasto farmacéutico pasa por los puntos que ya ha anunciado el gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Ceciliano Franco, y que pasan por implicar a los profesionales mediante contratos de gestión, control sobre medicamentos de alto impacto económico o escasa relevancia terapéutica, mejorar la eficiencia de los servicios de farmacia hospitalaria o potenciar los órganos de asesoramiento en uso racional de los medicamentos.

Más allá de eso, Vergeles exige “un nuevo modelo de relación con Farmaindustria”, en el que “el riesgo sea compartido” y también una potenciación del papel de las autonomías en las comisiones interterritoriales de precios de medicamentos. “Se tiene que acabar el invito yo y pagas tú”, ha señalado el consejero.
 
Extremadura, “intervenida de facto”

Desde la bancada de la oposición, el diputado del PP, José María Saponi, ha recordado que el FLA plantea más restricciones a la sanidad al margen del acuerdo con Farmaindustria. “Estamos a años luz de poder cumplir las exigencias del Ministerio de Economía para 2016, que establecen el gasto farmacéutico en un 2.8% de PIB”, ha explicado el parlamentario, quien ha recordado que si ese punto no se cumple, Extremadura verá limitada su autonomía en aspectos tales como la posibilidad de establecer una cartera de servicios complementarios.

A juicio de Saponi, Extremadura queda “intervenida de facto” con su adhesión al fondo. “Nadie nos obliga a acceder al FLA. En la pasada legislatura nosotros lo evitamos porque no era lo conveniente para la sanidad extremeña”, ha concluido. Las alternativas a esta situación para este diputado pasan también por impulsar la compra centralizada, pero además menciona la potenciación de los ensayos clínicos.

Por su parte, el portavoz de Podemos, Obed Santos, ha puesto de manifiesto que la adhesión al FLA supone asumir el compromiso de adelgazar la administración, “lo que supone más recortes”. El protocolo entre el Estado y Farmaindustria tampoco gusta a Podemos. “Incluye algunos aspectos muy lesivos: tiende a limitar al mercado y encadena a las administraciones a unos gastos que convienen solo a la industria, derivados de la incorporación de fármacos que no aportan ventajas reales en relación con los previos y que aumentan los costes”, ha explicado.