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Urnas en ambulatorios el 1-O: cárcel o multa al director, haga lo que haga

Si impide la votación afronta sanción administrativa de la Generalitat; si la facilita, una sanción penal del Estado

Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat.
Urnas en ambulatorios el 1-O: cárcel o multa al director, haga lo que haga
Marc Cebrián / Olga Rodríguez
Viernes, 08 de septiembre de 2017, a las 14:30
El presidente de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) en Cataluña, Joan Escanilla, remite a los profesionales sanitarios a que se dirijan por escrito a la Fiscalía para resolver las cuestiones legales sobre el 1-O y evitar las medidas penales por desobediencia al Gobierno español y las sanciones administrativas si no se sigue el plan de la Generalitat que contempla la colocación de urnas incluso en los centros de salud. Ante esta situación, los directores de los ambulatorios se exponen a castigos legales que contemplan desde multas hasta penas de cárcel, según ha podido contrastar este diario.

Tal y como explica Escanilla, si un director de ambulatorio incumple las directrices catalanas al no abrir un centro sanitario durante el 1-O, se expone a que la Generalitat “vaya contra él administrativamente", mientras que si incumple la legislación española "el Gobierno central irá contra él penalmente”. Por lo que sitúa a los funcionarios "en medio de la vía" al jugarse su puesto de trabajo, así como exponerse a ser multados y castigados por incumplimiento de la ley.

Ante la opción de depositar urnas en los centros sanitarios públicos, tal y como ya adelantó en primicia Redacción Médica, Escanilla ha asegurado que ve más probable que finalmente se realicen en escuelas, debido a que los centros sanitarios suponen un "peligro" por contener datos "sensibles y protegidos", a pesar de que desde la Vicepresidencia del Govern ni confirman ni desmienten este supuesto, ya que este punto se desvelará el próximo 12 de septiembre, una vez sea conocida la lista de los ayuntamientos que colaborarán en la colocación de urnas

En el marco de las reuniones que ha mantenido el presidente del CSIF con funcionarios públicos, ha expuesto cuál es el procedimiento a seguir según su Protocolo de órdenes ilegales, y dirige a los directivos de los centros sanitarios a que recurran a la Fiscalía para resolver las cuestiones legales del 1-O, así como para evitar las consecuencias del "choque de trenes" entre el Ejecutivo español y el catalán.

Según fuentes judiciales, los gerentes de los centros de salud podrían tener consecuencias legales si aceptan participar en el 1-O, ya que el Tribunal Constitucional alertó que actuaría contra las acciones necesarias para hacer posible el 'referéndum'. Aunque es un asunto complicado, teniendo en cuenta que de obedecer al TC los directores podrían "incumplir las órdenes de sus responsables", las mismas fuentes explican a Redacción Médica, que en cualquier caso las decisiones y advertencias del Constitucional "priman" sobre las del 'procés'.

Votar con la tarjeta sanitaria

Asimismo, Escanilla ha asegurado de que se ha descartado la opción de votar enseñando la tarjeta sanitaria, debido a que no todos los ciudadanos catalanes disponen de este documento. Por el momento, el Govern no se ha pronunciado al respecto sobre dónde colocará las urnas así como cuál será el documento válido para la jornada del 1-O.

En esta línea, desde CSIF tienen previsto continuar con estas reuniones para seguir presentando el protocolo de actuación a los trabajadores públicos de los distintos sectores. Los siguientes van a ser los profesionales de la Sanidad y de la Enseñanza. Uno de los puntos a seguir es que se “dirijan al director del Instituto Catalán de Salud o a la Consejería, poniendo sus dudas sobre la orden” que deben acatar y, en el caso de “no tenerlo claro, ir directamente a la Fiscalía”.