Las entidades tienen pendiente el 100 por cien de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre



3 dic. 2015 17:54H
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Redacción. Barcelona
La Federación Nacional de Clínicas Privadas quiere manifestar su satisfacción por la confirmación, recibida este jueves por parte de los organismos nacionales competentes, de que el pago del FLA extraordinario para hacer frente a la deuda acumulada por la Generalitat de Cataluña con el sector sanitario privado-concertado, se hará totalmente efectivo entre los días 16 a 18 de diciembre.

Cristina Contel.

Al ser el sector salud una de las partidas de máxima prioridad en el pago del Fondo de Liquidez Autonómico, los importes de la deuda serán abonados de una sola vez, en la medida en que se cumplan los requisitos inherentes al sistema de presentación de facturas, pudiendo las entidades de salud hacer frente a sus imperiosas necesidades de tesorería.
 
“Hace más de cinco meses que no cobran y están prestando servicios sanitarios y sociosanitarios a la población, haciendo frente a nóminas, pagos a proveedores, consumos, seguridad social y demás impuestos, con recursos propios” resalta Cristina Contel, presidenta de la FNCP. Las entidades sanitarias y sociosanitarias concertadas catalanas acumulaban este lunes una nueva factura sin cobrar, la del mes de noviembre, que añadía 380 millones más a la importante deuda acumulada de más de 2.000 millones de euros.

En estos momentos, las entidades tienen pendiente de pago el 33 por ciento de la facturación del mes de junio y el 100 por ciento de la facturación de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y ahora también noviembre.

Para la presidenta de la federación este compromiso de pago “es una excelente noticia y esperamos que de forma definitiva podamos regularizar y ponernos al día, poniendo fin a la crítica situación que ha amenazado durante estos últimos meses la viabilidad de las entidades que representamos. Esta situación límite, que finalmente vamos a superar, es una advertencia de la imperiosa necesidad de realizar unos presupuestos reales y ajustados a las necesidades sanitarias de la población, para evitar a poner en riesgo su derecho fundamental a la protección de la salud”.
 
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