CSIF pide al Sescam que publique las retribuciones de sus directivos

Redacción. Toledo
El sindicato CSIF ha reclamado a la dirección gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) la publicación de las retribuciones de todos sus equipos directivos, como hizo la pasada semana con las retribuciones del personal médico.

El CSIF  ha pedido al director gerente del Sescam "idéntica ejemplaridad" en el "ejercicio de transparencia" sobre los sueldos de los directivos de ese organismo que la mostrada la pasada semana para dar a conocer los de los facultativos.

El Sescam dio a conocer la pasada semana un informe en el que mostró que entre 2009 y 2011 se pagaron 116 millones en "peonadas" (término utilizado para las actividades extraordinarias de los médicos) y que, como consecuencia de esas horas extra, 920 médicos cobraron el año pasado más de 100.000 euros.

Ahora, el sindicato de empleados públicos pide que se publiquen los emolumentos de directivos, gestores y cargos de confianza, tanto del gobierno anterior del PSOE como del actual del PP, y con todos los conceptos, incluidas las dietas.

"En caso de no hacerlo estará generando dudas más que razonables sobre la idoneidad de los sueldos de los directivos del Sescam con el trabajo realizado", ha advertido el sindicato, para quien la transparencia "debe empezar por ellos mismos para demostrar que nada tienen que ocultar" y para que los ciudadanos puedan juzgar por sí mismos.

Asimismo, ha pedido que cualquier retribución sea negociada en la Mesa Sectorial y que "no existan retribuciones ocultas ni discrecionales para ningún empleado público".

Para el sindicato, el Sescam usó de la información sobre los salarios de los médicos "de forma partidista y demagógica", para "justificar" las "irresponsables" palabras del consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, quien había dicho en las Cortes que en Castilla-La Mancha se operaba en el pasado "por encima de lo necesario" por esas peonadas.

El CSIF reprochado a Echániz que acuse y desacredite "gratuitamente y sin aportar prueba alguna" al colectivo médico, obligado "a asistir a sus pacientes con menos recursos humanos y materiales".