La capacidad de endeudamiento en 2013 determinará la recuperación de las urgencias nocturnas en 17 consultorios

Redacción. Valladolid
El consejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, ha avanzado que las negociaciones entre la Junta y los grupos Popular y Socialista de las Cortes en relación a la prestación sanitaria urgente en 17 consultorios locales avanzará cuando se conozca el objetivo de déficit para 2013 que se marca a Castilla y León. Por ello, ha señalado que el acuerdo sobre los criterios adoptados para su supresión dependerá del límite que fije el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Antonio Sáez Aguado, consejero de Sanidad.

Sáez Aguado, que ha acudido a la clausura del ‘Curso-taller de tratamiento conservador quirúrgico de las deformidades de la columna en el paciente crónico’, ha desvinculado el pacto sobre las urgencias nocturnas, que la Junta suprimió en 17 consultorios el pasado 1 de octubre, con la recuperación de estos servicios en verano. El consejero ha insistido en que de forma temporal se reforzará la atención sanitaria, extendiéndola al horario nocturno, ante el incremento de la población.

El consejero ha explicado que esta medida se aplica de manera selectiva en función de la afluencia a las diferentes localidades. De los 17 consultorios afectados por la reestructuración de las urgencias, sólo dos abrirán de forma ininterrumpida hasta el 15 de septiembre. Se trata de los ubicados en Villarino de los Aires y Barruecopardo, en Salamanca. Por tanto, ha hecho hincapié en que esta reapertura temporal ya estaba prevista antes de que se planteara un escenario de negociación con la oposición socialista en el último debate sobre política general de la Junta.

En ese sentido, el titular de Sanidad ha incidido en que el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó recientemente el límite de déficit para el conjunto de las comunidades autónomas, que no podrán superar el 1,3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), si bien explicó que esta flexibilización, ya que se había planteado un tope del 0,7 y del uno por ciento posteriormente, permite a la Comunidad revisar algunas medidas adoptadas y no aplicar otras.