Señala que es “radicalmente falso” que las comunidades sean unas “derrochonas”



11 mar. 2013 16:41H
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Redacción. Valladolid
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, ha defendido que la flexibilización de los objetivos de déficit tengan reflejo en las exigencias que el Gobierno central marca a las comunidades autónomas. “Nos jugamos el futuro de los servicios del estado del bienestar”, ha dicho, y ha argumentado que la ampliación del límite, fijado en principio en el 0,7 por ciento del PIB este año, beneficiará especialmente a la sanidad, la educación y los servicios sociales.

José Antonio de Santiago Juárez.

De Santiago-Juárez ha aprovechado la inauguración del primer foro del programa ‘Las comunidades autónomas en el siglo XXI’, que lleva el título ‘El futuro de los servicios públicos en Castilla y León’, para reivindicar al Gobierno de España que modifique el objetivo de déficit que exige este año a las autonomías si la Comisión Europea flexibiliza el objetivo al conjunto del país, que en principio debe reducirlo en 2013 hasta el  4,5 por ciento.

Al respecto, el portavoz del Gobierno autonómico ha señalado que es “radicalmente falso” que las comunidades sean unas “derrochonas” y que despilfarren el dinero público, mientras la Administración central es un “ejemplo de austeridad”. De Santiago-Juárez ha echado mano de los datos sobre déficit público de 2012 para demostrar que las autonomías asumieron el pasado año en un 70 por ciento el ajuste de 24.000 millones, es decir, redujeron su déficit en 16.000 millones.

En ese sentido, el consejero ha insistido en que las autonomías han soportado una “buena parte” de la reducción del déficit, que pasó del nueve por ciento en 2011 y al 6,7 por ciento en 2012.

Asimismo, el consejero, que ha hecho una defensa a ultranza del estado de las autonomías, ha destacado que Castilla y León ha cumplido con lo exigido en 2012 y que al igual que otras ha priorizado los servicios públicos esenciales, que absorben el 80 por ciento del gasto no financiero de la Junta y el 90 por ciento de los recursos autonómicos.

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