"La sanidad pública no puede convertirse en un campo de batalla ideológica"

Esta es la primera vez que la procuradora del Grupo Parlamentario Socialista, Virginia Jiménez, asume la portavocía de Sanidad y Bienestar Social en las Cortes de Castilla y León, aunque su trayectoria política le otorga un amplio conocimiento de la gestión sanitaria en la región. Sus prioridades son claras: reforzar la Atención Primaria, mejorar las condiciones profesionales, reducir las listas de espera, potenciar la salud mental y garantizar la igualdad territorial en la asistencia.

"La gestión sanitaria necesita más médicos, más enfermeras, menos listas de espera, mejor Atención Primaria, más salud mental y más recursos. Lo que no necesita es xenofobia disfrazada de gestión", afirma en diálogo con Redacción Médica, en medio de una legislatura que inicia con un gobierno de coalición entre el PP y Vox, al igual que en Extremadura, Aragón y Andalucía, y que lleva la 'prioridad nacional' del partido de los de Santiago Abascal.

Además, la gestión de la sanidad suma a Bienestar Social en una consejería que estará liderada por Alejandro Vázquez por un periodo más. "La coordinación entre sanidad y servicios sociales no solo es positiva, es imprescindible", considera Jiménez, aunque debe ir acompañada de "más recursos, más profesionales, mejor planificación y una atención realmente integral". "Nosotros defendemos una verdadera coordinación sociosanitaria, pero desde el respeto a ambos sistemas. La sanidad pública tiene que ser fuerte y los servicios sociales también", enfatiza la procuradora, quien asegura que su agrupación parlamentaria apoyará "cualquier medida" que mejore estos ámbitos y exigirá el cumplimiento de los compromisos con presupuesto, calendario y profesionales suficientes. 

Esta es su primera vez como portavoz de Sanidad y Bienestar Social del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, ¿con qué expectativas asume esta responsabilidad?

Soy procuradora desde el año 2015, pero sí es verdad que esta etapa supone para mí una nueva responsabilidad política muy importante, especialmente en un ámbito tan sensible como la sanidad y el bienestar social.

Asumo esta responsabilidad con mucha ilusión, pero también con una enorme conciencia de lo que representa. Para mí, estar en las Cortes de Castilla y León significa llevar la voz de la ciudadanía, de muchas personas que sienten que sus problemas cotidianos no siempre tienen respuesta por parte de la Junta.

En esta nueva etapa, especialmente en el ámbito de la sanidad y el bienestar social, mi prioridad va a ser escuchar mucho, estar en contacto con los profesionales, con los colectivos, con los pacientes, con las familias y con las asociaciones, y trasladar todo ese trabajo a iniciativas útiles.

No vengo a ocupar un escaño, vengo a trabajar. Y creo que la política autonómica tiene que servir precisamente para eso: para mejorar la vida de la gente, para defender los servicios públicos y para que vivir en Castilla y León, también en el medio rural, no signifique tener menos derechos ni menos oportunidades.

Esta legislatura está marca por un nuevo gobierno de coalición entre el PP y Vox, ¿cómo será la defensa de la sanidad pública en este contexto?

No es la primera vez que Vox condiciona el Gobierno de Castilla y León. Ya lo vimos en la legislatura anterior: cuando la extrema derecha entra en las instituciones, no mejora los servicios públicos; intenta recortar derechos, imponer debates ideológicos y dividir a la ciudadanía. Por eso, nuestra preocupación no es teórica. Con el PP y Vox existe un doble riesgo: que el PP continúe deteriorando la sanidad pública mediante falta de planificación, falta de profesionales, listas de espera y derivaciones a la privada; y que Vox intente condicionar derechos y servicios públicos desde una visión excluyente e ideológica.

Frente a eso, el PSOE va a defender una sanidad pública, universal, gratuita, cercana y con recursos suficientes. Una sanidad que no pregunte de dónde vienes, sino qué necesitas. Una sanidad que garantice igualdad entre provincias, entre el medio rural y el urbano, y entre quienes tienen recursos y quienes no los tienen.

Vamos a fiscalizar al Gobierno, claro que sí, pero también vamos a proponer. Vamos a hablar de Atención Primaria, de listas de espera, de salud mental, de Pediatría, de transporte sanitario, de infraestructuras, de falta de profesionales y de bienestar social. Porque la sanidad pública no puede convertirse ni en un negocio ni en un campo de batalla ideológica.

Nuestra defensa será muy clara: derechos, igualdad, cohesión territorial y servicios públicos fuertes. Eso es lo que necesita Castilla y León.

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"El PSOE va a defender una sanidad pública, universal, gratuita, cercana y con recursos suficientes"

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La Consejería de Sanidad cambia en esta legislatura y suma a Bienestar Social. ¿Cree que de esta forma se podrán gestionar mejor los recursos sociosanitarios?

La coordinación entre sanidad y servicios sociales no solo es positiva, es imprescindible, especialmente en una comunidad como Castilla y León, envejecida, dispersa y con muchas personas que necesitan atención sanitaria, social y cuidados de larga duración.

Pero una cosa es coordinar mejor y otra muy distinta es trocear, diluir o debilitar el sistema público de servicios sociales. Y esa es nuestra preocupación. No basta con cambiar el nombre de una consejería para garantizar una mejor atención. Lo importante es saber si va a haber más recursos, más profesionales, mejor planificación y una atención realmente integral.

Los servicios sociales no pueden quedar reducidos solo a dependencia, mayores o discapacidad. Son también infancia, inclusión social, apoyo a las familias, igualdad, tercer sector, lucha contra la pobreza y garantía de derechos. Si esas competencias se reparten entre distintas consejerías sin una visión común, el riesgo no es gestionar mejor; el riesgo es generar más confusión, más burocracia y menos eficacia.

Nosotros defendemos una verdadera coordinación sociosanitaria, pero desde el respeto a ambos sistemas. La sanidad pública tiene que ser fuerte y los servicios sociales también. No queremos que los servicios sociales se conviertan en un apéndice de la sanidad ni que pierdan su identidad propia.

Por tanto, estaremos muy vigilantes. Si esta reorganización sirve para mejorar la atención a las personas, contará con nuestra colaboración. Pero si sirve para fragmentar derechos, desordenar competencias o tapar recortes, tendrá enfrente al Partido Socialista.

El gobierno de coalición plantea la prioridad nacional. En términos sanitarios, ¿cuál será la defensa que harán dentro de la gestión?

La salud es un derecho amparado por nuestra Constitución en el artículo 43. Nuestro país es signatario de tratados internacionales que exigen que los estados, España, garanticen la atención sanitaria. La 'prioridad nacional' planteada por Vox intenta dinamitar derechos humanos y constitucionales. Por ello nuestra postura va a ser muy clara: la sanidad pública no puede gestionarse con criterios de origen, sino con criterios de necesidad, de salud pública, de igualdad y también, como no, de humanidad.

La llamada 'prioridad nacional' es un concepto profundamente peligroso, principalmente cuando se traslada a los servicios públicos. En sanidad, la prioridad la marca la urgencia médica, la gravedad, la vulnerabilidad, la prevención y la protección de la salud colectiva. No la marca el pasaporte, el lugar de nacimiento, ni la intención de Vox de dividir a la ciudadanía.

El PSOE lo ha dicho con mucha claridad: la prioridad de Castilla y León debería ser combatir la despoblación, el envejecimiento, la falta de profesionales sanitarios, las lista de espera, la desigualdad territorial y la pérdida de oportunidades. Ese es el verdadero problema de nuestra comunidad. Y eso es lo que debería estar abordando el Gobierno de Mañueco, en lugar de importar discursos de exclusión que no solucionan nada. Porque el problema de Castilla y León no lo son las personas migrantes, ni el feminismo, ni Europa, ni las ONG.

Además, en una comunidad envejecida y con falta de profesionales, la inmigración no puede tratarse como una amenaza. Muchas personas migrantes sostienen sectores fundamentales, también el de los cuidados. Y en sanidad y bienestar social eso es especialmente evidente.
Por tanto, nuestra posición será firme: vamos a defender una sanidad pública universal, gratuita, accesible y sin discriminaciones. Vamos a defender que todas las personas sean atendidas conforme a criterios sanitarios, no ideológicos. Y vamos a denunciar cualquier intento de convertir la salud en una herramienta de exclusión.

La gestión sanitaria necesita más médicos, más enfermeras, menos listas de espera, mejor Atención Primaria, más salud mental y más recursos. Lo que no necesita es xenofobia disfrazada de gestión.

Virginia Jiménez (PSOE) en las Cortes de Castilla y León.

¿Considera que las medidas contempladas en el acuerdo de gobierno en ámbito sanitario ayudarán a resolver los problemas existentes en la región?

Algunas de las medidas que aparecen en el acuerdo pueden sonar bien como titulares. ¿Quién no va a estar de acuerdo con reducir las listas de espera, reforzar la Atención Primaria, mejorar la salud mental o garantizar una mejor atención oncológica? El problema es que Castilla y León no necesita más titulares: necesita recursos, profesionales, presupuesto, calendario y cumplimiento.

El PP lleva gobernando muchos años esta comunidad, y muchos de los problemas que ahora dice que quiere resolver son problemas que se han agravado bajo su propia gestión. Las listas de espera, la falta de profesionales, las desigualdades entre áreas de salud o las dificultades de acceso en el medio rural no han aparecido de repente.

Por eso nosotros vamos a ser muy exigentes. Una consulta de Atención Primaria en 48 horas no se garantiza escribiéndolo en un acuerdo; se garantiza con médicos, enfermeras, planificación, sustituciones, estabilidad laboral y centros de salud con capacidad real. Un plan de listas de espera no puede consistir solo en derivar más a la privada o en cargar más horas sobre los mismos profesionales; tiene que reforzar la sanidad pública.

Y lo mismo ocurre con la salud mental, la oncología, los cuidados paliativos o la atención a la cronicidad. Si no hay presupuesto suficiente, si no hay profesionales y si no hay una planificación seria, se quedará en propaganda.

Así que nuestra posición será clara: apoyaremos cualquier medida que mejore de verdad la sanidad pública, pero vamos a exigir que los compromisos se cumplan, que tengan presupuesto, calendario y profesionales suficientes. La ciudadanía ya no necesita más promesas sanitarias; necesita que las cosas funcionen.

¿Qué medidas se deberían atender o implementar con prioridad en el ámbito sanitario, según las necesidades de la comunidad autónoma?

Las prioridades sanitarias en Castilla y León están bastante claras. Lo que falta no es diagnóstico; lo que falta es voluntad política, presupuesto y capacidad de ejecución.

La primera prioridad tiene que ser la Atención Primaria. Si la Atención Primaria falla, falla todo el sistema. Hay que aumentar la capacidad resolutiva de los centros de salud, dotando de tecnología, capacidad diagnóstica y de tratamiento a estos centros. Para ello hay que reforzar plantillas, garantizar sustituciones, mejorar las condiciones de los profesionales y asegurar que una persona pueda ser atendida en un plazo razonable, viva en una ciudad o en un pueblo. En nuestro programa planteábamos que la Atención Primaria alcanzara el 25 por ciento del presupuesto sanitario y que ninguna persona esperara más de 48 horas para ser atendida. Ese debe ser un objetivo real, no un eslogan.

La segunda prioridad es la falta de profesionales. Y aquí hay una cuestión muy concreta: la Ley 3/2025, de 22 de diciembre, de medidas extraordinarias para impulsar la provisión estable y permanente de puestos sanitarios de difícil cobertura y garantizar la asistencia sanitaria en el Servicio de Salud de Castilla y León. Ahora hay que aplicarla. No basta con aprobar una ley y guardarla en un cajón. Hay que declarar cuáles son esos puestos de difícil cobertura con criterios objetivos, negociar con los profesionales y activar incentivos económicos, profesionales, formativos y de conciliación que sirvan de verdad para atraer y retener personal.

La tercera prioridad son las listas de espera. Castilla y León necesita un plan serio, estructural y transparente. Lo que hemos visto en las dos últimas legislatura es una gestión improvisada de las listas de espera basada únicamente en derivación a la privada y en la autoconcertación (lo que conocemos como peonadas). No podemos normalizar que la respuesta sea derivar actividad a la privada o sobrecargar a los mismos profesionales. Hay que reforzar la capacidad del sistema público, mejorar agendas, quirófanos, pruebas diagnósticas y consultas especializadas.

La cuarta prioridad es la salud mental. Se habla mucho de salud mental, pero luego faltan psicólogos clínicos, psiquiatras, recursos comunitarios, atención infantojuvenil y coordinación con educación y servicios sociales. Aquí hace falta presupuesto y profesionales, no solo documentos.

Y la quinta prioridad es garantizar igualdad territorial. En Castilla y León no puede haber ciudadanos de primera y de segunda según el código postal. Eso significa infraestructuras sanitarias, transporte sanitario, Pediatría en las zonas básicas, atención especializada accesible y una planificación pensada para una comunidad extensa, envejecida y dispersa. En resumen: Atención Primaria, profesionales, listas de espera, salud mental e igualdad territorial. Esas son las prioridades. Y, sobre todo, cumplir lo que se promete.

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"Apoyaremos cualquier medida que mejore la sanidad pública, pero vamos a exigir que los compromisos se cumplan"

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En su programa electoral llevaban como propuesta la creación de la primera Agencia de Salud Pública. ¿Apostarán por presentar esta iniciativa en las Cortes?

Sí, desde luego. Creemos que Castilla y León necesita una Agencia de Salud Pública propia y vamos a trabajar para que esta propuesta llegue a las Cortes. La salud pública no puede seguir siendo la hermana menor del sistema sanitario. Durante demasiados años se ha pensado en sanidad casi exclusivamente desde el punto de vista asistencial: hospitales, consultas y listas de espera, que por supuesto son fundamentales. Pero la salud pública es prevención, vigilancia epidemiológica, vacunación, control de riesgos ambientales, promoción de hábitos saludables, respuesta ante crisis sanitarias y reducción de desigualdades en salud.

Castilla y León es una comunidad muy extensa, envejecida y dispersa, y necesita una estructura fuerte que anticipe problemas, coordine recursos y tome decisiones con criterios técnicos. Lo hemos visto con las pandemias, con las olas de calor, con la salud ambiental, con la salud laboral, con la atención a la cronicidad y con la necesidad de prevenir antes de llegar tarde.
Por tanto, sí: apostaremos por esta iniciativa y la posición política es clara: Castilla y León necesita una Agencia de Salud Pública con presupuesto suficiente, profesionales cualificados y fuertemente coordinada con el sistema sanitario, los servicios sociales y la Agencia Estatal de Salud Pública. Invertir en salud pública es invertir en prevención. Y prevenir siempre es mejor, más justo y también más eficiente que llegar tarde.

Plantearon también potenciar a la Enfermería Familiar y Comunitaria en el ámbito rural. ¿Qué medidas promoverán en este sentido?

Sí, creemos que la Enfermería Familiar y Comunitaria tiene que tener un papel mucho más relevante en la Atención Primaria, y especialmente en el medio rural. Y no partimos de cero. El Grupo Socialista ya ha llevado a las Cortes iniciativas para reforzar esta especialidad: hemos planteado aumentar las plantillas de enfermeras especialistas en Familiar y Comunitaria, reservar de manera progresiva plantilla orgánica en las Zonas Básicas de Salud a estas especialistas, establecer de manera inmediata bolsas de trabajo específicas para esta categoría y garantizar que estas profesionales puedan desarrollar realmente las competencias para las que se han formado.

Una comunidad como la nuestra con una población envejecida, dispersa y con mucha cronicidad, exige una Atención Primaria más cercana, más preventiva y más comunitaria. La enfermera Familiar y Comunitaria puede jugar un papel fundamental en el seguimiento de pacientes crónicos, la prevención, la educación para la salud, la atención domiciliaria, la detección de situaciones de soledad o vulnerabilidad y la coordinación con los servicios sociales.
En definitiva, queremos que la Enfermería Familiar y Comunitaria deje de ser una especialidad infrautilizada y pase a ser una pieza clave para reforzar la sanidad rural y la atención de proximidad.

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"Castilla y León necesita una Agencia de Salud Pública con presupuesto suficiente, profesionales cualificados y fuertemente coordinada con el sistema sanitario"

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¿Cree que el programa de fidelización MIR está rindiendo los resultados esperados en una región marcada por la alta dispersión geográfica y el envejecimiento? 

El programa de fidelización MIR puede ser una herramienta útil, pero, a día de hoy, no es suficiente. Y la prueba es que seguimos hablando de falta de profesionales, de plazas difíciles de cubrir, de problemas en Atención Primaria, en hospitales comarcales y en determinadas especialidades. 

Yo aquí creo que hay que ser muy claros: no basta con formar profesionales, hay que conseguir que quieran quedarse. Y ahí la responsabilidad principal es de la Junta de Castilla y León. El Ministerio convoca las plazas de Formación Sanitaria Especializada, pero quien organiza Sacyl, quien ofrece contratos, quien fija condiciones laborales, quien planifica plantillas y quien tiene que hacer atractivos los puestos en Castilla y León es la Junta.

Además, conviene desmontar una excusa que escuchamos demasiado. El Gobierno de España ha incrementado de manera muy importante las plazas de Formación Sanitaria Especializada. Para 2026 se han ofertado 12.366 plazas, el mayor número de la historia, un 54 por ciento más que en 2018. Por tanto, decir simplemente que "faltan MIR por culpa del Ministerio" es una forma muy cómoda de no asumir la parte de responsabilidad que tiene Castilla y León.

Y los datos del propio programa de fidelización obligan a ser prudentes. Sacyl planteó para 2026 un programa con contratos de tres años y 538 plazas, pero después se han adjudicado 226 contratos, 220 de médicos y 6 de enfermería. Es decir, hay avance, sí, pero también hay margen evidente de mejora.

¿Qué más se debería hacer?

Aplicar de verdad la Ley 3/2025 de puestos sanitarios de difícil cobertura, declarar esos puestos con criterios objetivos, ofrecer incentivos reales (económicos, profesionales, formativos, de conciliación y de vivienda) y mejorar las condiciones de trabajo. Porque un profesional no se queda solo por una campaña de captación; se queda si tiene estabilidad, proyecto profesional, buenas condiciones y una vida posible en el territorio.

El resumen es sencillo: el MIR no elige un territorio por decreto. Lo elige si encuentra un proyecto profesional y vital atractivo. Y eso es lo que tiene que construir la Junta de Castilla y León. El Ministerio regula y aprueba el número de plazas presentadas por las comunidades; la Junta forma, contrata, organiza y fideliza. Y ahí es donde Mañueco tiene que dejar de buscar excusas y hacer sus deberes.