Comienza el proceso sancionador contra la adjudicataria de Valdecilla

Una auditoría externa encargada por el Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) sobre las obras de la tercera fase del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla advierte de "numerosas irregularidades" en la ejecución, y también respecto a lo proyectado, por las que el Ejecutivo regional abrirá un "procedimiento de imposición de penalidades" a la empresa adjudicataria de los trabajos.

Así lo han anunciado este viernes, en rueda de prensa, la vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, y la consejera de Sanidad, María Luisa Real, que han explicado que se han detectado "irregularidades" tanto en el proceso administrativo; diferencias entre lo proyectado y lo realmente ejecutado que afectan al funcionamiento y calidad en la prestación de los servicios e "incumplimientos de la normativa vigente". Además, la auditoria "cuantifica" algunos ahorros para la adjudicataria derivados de algunas de estas "irregularidades".

Entre ellos, y como ejemplo, Díaz Tezanos han explicado que, según la auditoría, de la eliminación de los asientos de ducha abatible proyectados y no instalados; de la sustitución de los porta-rollos de acero previstos por otros de plástico; de la eliminación de la toma de aire medicinal en los cabeceros de las habitaciones y la falta de mortero en algunos suelos se derivan ahorros del entorno de los 1.013.000 euros.

También, un muestro realizado de cuatro unidades de ejecución revela ahorros de otros casi 836.000 euros, procedentes de la no instalación de cortinajes de separación previstos en las habitaciones, de empanelados o sobre el recercado interior de las ventanas.

Al margen de estos, Díaz Tezanos y Real ha señalado que algunas de las "irregularidades" que se indican son "imposibles de cuantificar".

Además de iniciar el proceso de imposición de sanciones, que podría llevar rebajas en la factura a pagar por el Ejecutivo a la adjudicataria, el Gobierno va a exigir a la empresa la "resolución inmediata" de los incumplimientos de la normativa vigente.

También se va a solicitar a los servicios jurídicos del Gobierno un informe sobre las "distintas alternativas legales" que tenga el Ejecutivo para proceder.

A preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que estas "irregularidades" permitan al Gobierno la resolución del contrato, Real ha explicado que en el contrato público-privado se prevé esa posibilidad si se dan determinado número de penalidades o de cierta gravedad.