Redacción Médica
20 de septiembre de 2018 | Actualizado: Jueves a las 18:50
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Moreno: "La sanidad está excluída del cierre presupuestario del Gobierno"

El gerente del SCS garantiza el gasto en el área ante el cepo sobre las cuentas públicas decretado por Canarias

El gerente del SCS, Roberto Moreno.
Moreno: "La sanidad está excluída del cierre presupuestario del Gobierno"
Sergio López
Miércoles, 21 de septiembre de 2016, a las 09:40
El ajuste sobre el gasto público derivado de la desviación presupuestaria de la Consejería de Sanidad va a ser compartido por todos los organismos del Gobierno canario y no solo por la Consejería de Sanidad. El Ejecutivo del archipiélago ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el decreto por el que se produce el cierre anticipado del presupuesto regional para 2016, de manera que todos los departamentos se apretarán el cinturón para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud regional.

El director gerente del Servicio Canario de la Salud (SCS), Roberto Moreno, ha explicado a Redacción Médica que este cierre presupuestario afecta a todas las áreas, pero que el SCS “está explícitamente excluido” en buena parte de las restricciones de gasto público que implica la medida. No es la primera vez que Canarias cierra sus cuentas antes de que concluya el ejercicio, según ha recordado el gerente, aunque este año este cierre –efectivo desde el 30 de septiembre– ha llegado antes que en otras ocasiones.

El objetivo de la medida es concentrar el ahorro en otras partidas y dar un respiro a la sanidad que, según explicó el consejero de Sanidad, Jesús Morera, solo puede ahorrar 10 millones de aquí a final de año sin impactar sobre el servicio que se presta a los pacientes. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado, también que el cierre anticipado de los presupuestos autonómicos de 2016 garantiza poder pagar las facturas en el área de Sanidad

El mismo gasto sanitario que en 2015

En este sentido, Roberto Moreno, ha adelantado que el “gasto real” de la sanidad canaria será en 2016 “similar al que se registró en 2015”, tras dos créditos extraordinarios. Durante el pasado ejercicio el gasto en este capítulo ascendió a 2.805 millones de euros, después de que fuera necesario un crédito complementario de 133 millones en el capítulo 2 del presupuesto y otro de 42 millones en el capítulo 1, relativo a gastos de personal. “En 2016 partíamos de un presupuesto de 2.637 millones de euros”, según ha recordado Moreno. Si a esa cantidad se le añade el desvío presupuestario, que el ejecutivo estima en unos 140 millones hasta final de año, el presupuesto final todavía será algo inferior al de 2015 y no llegará a los 2.800 millones.

Moreno ha señalado que este tipo de desvíos presupuestarios en Sanidad se vienen repitiendo habitualmente año tras año, por lo que ha considerado que sería deseable que los presupuestos de la comunidad autónoma para 2017 reflejen el gasto real del área, “especialmente, si como parece, se produce un incremento del 1% en el capítulo 1”.

El gerente del SCS ha garantizado que se mantendrá tanto la actividad programada como las obras en las infraestructuras sanitarias en ejecución y que el ajuste solo repercutirá sobre los planes de choque. En ese sentido, prevé un incremento en las listas de espera pero asegura que éste se localizará en las intervenciones menos prioritarias.

El SCS garantiza los derechos laborales

En cuanto a la situación de los profesionales y cómo puede afectarles el ajuste de gasto, después de que el propio consejero previera un empeoramiento en el clima laboral, Moreno anticipa un “otoño largo”. "Habrá mucho que dialogar con los sindicatos", ha señalado en alusión a las amenazas de huelga, pero ha garantizado tanto las contrataciones eventuales para sustituciones como los derechos laborales de los profesionales del SCS. “El capítulo 1 está incluido entre las excepciones del cierre presupuestario”, ha insistido.

El mencionado cierre implica el fin de las nuevas licitaciones y adjudicaciones de contratos, incluso aquellos menores, para la mayor parte de áreas del Gobierno. También se pone un cepo sobre las convocatorias de subvenciones, la concesión de las mismas, las compras de suministros, las encomiendas de gestión, el nombramiento de cargos de confianza y el abono de horas extraordinarias. Una larga lista de asuntos que el ejecutivo canario considera menos prioritarios que el gasto sanitario.