16 nov 2018 | Actualizado: 09:00

Armengol niega que la sanidad peligre por la exigencia del catalán

El PP balear ha acusado al Govern de practicar la "hipocresía política" con el decreto que regula el idioma

Francina Armengol, presidenta de las Islas Baleares.
Armengol niega que la sanidad peligre por la exigencia del catalán
mié 18 octubre 2017. 10.30H
Redacción
La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha asegurado que la Sanidad de las Islas Baleares no correrá ningún peligro por la implantación del decreto que exige el catalán como requisito para médicos y enfermeros y ha mantenido su defensa por los derechos lingüísticos de la ciudadanía de la región.

Así lo ha afirmado Armengol en el pleno del Parlament en respuesta a la portavoz del grupo del PP Marga Prohens tras acusar a la presidenta de estar más “preocupada” de que su socio minoritario, Més per Mallorca, no se enfade que “de la salud de los ciudadanos baleares”.  Además, trasladó la pregunta de si este decreto cuenta con el consenso necesario de los profesionales sanitarios.

De este modo, Prohens entiende que el decreto que afectará al colectivo sanitario ha sido impuesto al no permitir la presentación de alegaciones en la Mesa Sectorial para pedir su rectificación, por lo que supone una práctica de "hipocresía política" ya que no afectará a mandos directivos ni a cargos de libre designación.

Sin embargo, la presidenta explicó que el Gobierno regional ha defendido los derechos en salud, educación, servicios sociales y los lingüísticos de la ciudadanía balear, en referencia a las medidas que el PP implantó en la anterior legislatura. “Nosotros haremos posibles los derechos lingüísticos y la excelencia de la asistencia sanitaria y en las categorías profesionales deficitarias se dará un tiempo para acreditar el catalán. No pondremos en peligro la sanidad, como hicieron ustedes y tampoco los derechos de los ciudadanos de esta tierra”, aseguró.

El Gobierno balear aprobó este decreto con los aportados que solicitó su socio Més per Mallorca donde se regulan los conocimientos del idioma para los sanitarios que aspiran a trabajar en la sanidad pública. Sin embargo, esta medida contempla la opción de no aplicarse ante la falta de personal para cubrir vacantes.
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