La Semst reclama una reforma del sistema de IT que mejore la coordinación con Primaria y facilite las reincorporaciones

Trabajo plantea Unidades de Salud Temporal para la gestión de bajas médicas
Juan Carlos Rueda, presidente de la Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo (Semst).


El debate sobre el aumento de las incapacidades temporales (IT), el coste que estas suponen para empresas y administraciones públicas y las propuestas planteadas en los últimos días por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha vuelto a poner el foco sobre un actor que habitualmente permanece en un segundo plano: los médicos del Trabajo. Desde la Sociedad Española de Medicina de esta especialidad (Semst), su presidente, Juan Carlos Rueda, considera que el sistema actual de gestión de las bajas laborales presenta importantes carencias de coordinación y desaprovecha el conocimiento que estos profesionales tienen sobre las condiciones reales en las que desarrollan su actividad los trabajadores. Así, apunta hacia una posible solución: la creación de Unidades específicas de salud laboral en cada centro.

"Aunque no somos los gestores de la incapacidad temporal, tenemos mucho que aportar desde el entorno laboral", afirma. Y es que para el facultativo, el incremento sostenido de las bajas y el impacto económico que generan obliga a replantear un modelo que considera excesivamente rígido y poco adaptado a las necesidades actuales.

Falta coordinación entre los actores implicados


Uno de los principales problemas que identifica la Semst es la escasa comunicación entre los distintos organismos que intervienen en la gestión de las incapacidades temporales. Actualmente, las bajas por contingencias comunes son iniciadas y finalizadas por los médicos de Atención Primaria, mientras que la inspección médica y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ejercen funciones de supervisión y control en distintas fases del proceso. Las mutuas colaboradoras participan en determinadas tareas de seguimiento, pero no pueden emitir altas médicas en estos casos.

Según Rueda, en este esquema los servicios de prevención y los médicos del Trabajo apenas participan, pese a ser los profesionales que mejor conocen las características concretas de los puestos de trabajo. "Lo necesario es que haya una relación mucho más fluida entre los servicios públicos que gestionan la incapacidad temporal, la inspección médica y los servicios de prevención. Esa relación hoy día no existe", lamenta. A su juicio, esta falta de coordinación dificulta tanto la gestión de las bajas como la planificación de las reincorporaciones.

El valor de conocer el puesto de trabajo


La principal diferencia que reivindican los especialistas en Medicina del Trabajo es que ellos no solo conocen el diagnóstico médico del trabajador, sino también las exigencias reales de su actividad profesional. "Nosotros conocemos realmente el puesto de trabajo. Sabemos cuáles son las tareas que realiza esa persona y podemos ayudar a valorar si puede reincorporarse o qué adaptaciones necesita", explica.

Esta información, sostiene, podría resultar especialmente útil para determinar la duración adecuada de determinados procesos de incapacidad temporal o para facilitar reincorporaciones progresivas en aquellos casos en los que una vuelta inmediata a la actividad ordinaria no sea posible.

Según Rueda, el sistema actual funciona con una lógica demasiado binaria: o se está completamente de baja o se vuelve plenamente al trabajo. Sin embargo, considera que en muchos casos sería posible aplicar fórmulas intermedias mediante adaptaciones temporales, limitaciones concretas o reincorporaciones graduales que permitieran acelerar la recuperación sin comprometer la salud del trabajador.

Las discrepancias con el INSS


Uno de los aspectos que más controversia genera es la relación entre las decisiones adoptadas por el INSS y las valoraciones realizadas posteriormente por los médicos del trabajo cuando el empleado regresa a la empresa. Rueda reconoce que las discrepancias existen y que, en su experiencia, no son casos excepcionales. "Puede haber discrepancias entre el criterio que emite el INSS y el que emitimos nosotros. En mi experiencia personal son bastante frecuentes", asegura.

A su juicio, la razón principal es que ambos organismos evalúan realidades diferentes. Mientras el INSS analiza la capacidad de una persona para ejercer una profesión de forma general, los médicos del trabajo examinan un puesto concreto con unas funciones específicas. "El INSS evalúa profesiones. Nosotros evaluamos puestos de trabajo concretos con tareas concretas", resume.

Esta diferencia puede dar lugar a situaciones complejas. Por ejemplo, trabajadores que reciben el alta tras una evaluación del INSS pero que, una vez reincorporados, no reúnen las condiciones necesarias para desempeñar las funciones específicas de su puesto habitual.

En estos casos, corresponde a los servicios de prevención valorar si el trabajador es apto, si necesita adaptaciones o si existen limitaciones que obligan a modificar temporalmente sus tareas. "Nos podemos encontrar con un alta por parte del INSS y con un no apto en el puesto de trabajo. Es una situación incómoda para el trabajador, para la empresa y para nosotros", señala.

La propuesta: crear unidades de salud laboral


La principal propuesta de la Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo pasa por la creación de unidades especializadas de salud laboral dentro de los servicios públicos de salud.

Según explica Rueda, estas estructuras estarían integradas por profesionales capaces de asesorar a los médicos de Atención Primaria en la gestión de las incapacidades temporales y de aportar información sobre las exigencias reales de cada puesto de trabajo.

"Lo hemos hablado con la Inspección Médica y con el Ministerio. Un médico del trabajo podría asesorar sobre la duración óptima de determinados procesos porque conoce tanto la patología como el puesto de trabajo", afirma.

La iniciativa permitiría, a su juicio, mejorar la coordinación entre los distintos actores implicados y reducir parte de la burocracia que actualmente soportan los médicos de Familia. También contribuiría a agilizar decisiones relacionadas con reincorporaciones, adaptaciones laborales o valoraciones funcionales.

Actualizar las guías de duración de las bajas


Otra de las medidas que defiende la especialidad es la actualización de las guías orientativas que establecen los tiempos medios de duración de las incapacidades temporales según cada diagnóstico. Rueda explica que muchas de estas referencias tienen más de una década y que el propio INSS está trabajando actualmente en su revisión con la colaboración de especialistas en Medicina del Trabajo.

"Una cervicalgia, un dolor de rodilla o determinadas patologías tienen unos tiempos medios de recuperación. Esas guías necesitan actualizarse para adaptarlas a la realidad actual", señala. A su juicio, disponer de referencias más precisas ayudaría a homogeneizar criterios y a mejorar la gestión de los procesos.

"Debe primar el criterio médico"


El presidente de la Semst reconoce que el debate sobre las bajas laborales está condicionado por intereses económicos, empresariales, sindicales y políticos, pero considera que cualquier reforma debe situar en el centro el criterio de los profesionales sanitarios. "Debería primar el criterio médico y especialmente el de quienes conocen la patología, al trabajador y el puesto de trabajo", afirma.

También defiende la necesidad de liberar a Atención Primaria de parte de la carga administrativa asociada a la incapacidad temporal para que los médicos puedan centrarse en la asistencia clínica.

En este sentido, apunta a experiencias que ya se están estudiando en algunos países europeos, donde determinadas estructuras de salud laboral asumen parte de la gestión de las bajas y las altas de forma separada de la atención sanitaria ordinaria.

Para la Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo, el crecimiento de las incapacidades temporales y los miles de millones de euros que generan cada año en costes directos e indirectos evidencian la necesidad de introducir cambios profundos. Su principal reivindicación pasa por aprovechar el conocimiento de los especialistas en salud laboral y avanzar hacia un modelo más coordinado, en el que las decisiones sobre las bajas no dependan únicamente del diagnóstico médico, sino también de una mejor comprensión de la realidad laboral de cada trabajador.
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