Edificio del Servicio Aragonés de Salud.
El
Gobierno de Aragón y el
Ministerio del Interior han firmado la
prórroga del convenio que garantiza la asistencia sanitaria a las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios aragoneses. El acuerdo, suscrito por primera vez en agosto de 2021, extiende ahora su vigencia durante otros cuatro años más, hasta el año 2029, y se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) como muestra del compromiso institucional con la continuidad asistencial en este entorno específico.
La firma de esta adenda de prórroga tuvo lugar el pasado 13 de agosto de 2025, y fue ratificada en Madrid por las autoridades competentes: el secretario general de Instituciones Penitenciarias,
Ángel Luis Ortiz González, y el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón,
José Luis Bancalero Flores, quien actuó en representación del Ejecutivo autonómico con la debida autorización del Consejo de Gobierno.
Un convenio consolidado tras cuatro años de funcionamiento
La colaboración entre el Ministerio del Interior y el
Servicio Aragonés de Salud se formalizó por primera vez el 23 de agosto de 2021, con el objetivo de garantizar la cobertura sanitaria de calidad a la población reclusa. El convenio original contemplaba una vigencia de cuatro años, con posibilidad de prórroga por otros cuatro si así lo acordaban ambas partes, una opción que finalmente se ha materializado ante “los beneficios derivados del desarrollo del convenio durante este periodo”.
En su cláusula novena, el texto ya anticipaba la posibilidad de extender el acuerdo si las circunstancias lo aconsejaban. Así lo han entendido ahora ambas administraciones, que han optado por dar continuidad a un modelo de atención que ha demostrado su eficacia en los centros penitenciarios de Aragón.
Asistencia sin coste adicional para las administraciones
La adenda firmada en agosto deja claro que
no se generan obligaciones económicas nuevas para ninguna de las partes. La financiación del convenio se mantiene sin cambios, tal como estaba previsto en el acuerdo original de 2021. El desarrollo de las actividades seguirá bajo el marco estipulado, sin generar relaciones contractuales ni laborales entre los firmantes y las personas físicas que ejecuten las tareas previstas.
Por tanto, el Servicio Aragonés de Salud continuará prestando atención sanitaria a la población penitenciaria con los recursos ya definidos, y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias mantendrá la interlocución y coordinación necesaria para facilitar esta prestación.
Además, la adenda establece que el convenio continuará regido por las mismas cláusulas ya existentes, lo que garantiza la estabilidad jurídica y operativa de la colaboración durante los próximos cuatro años.
Publicación oficial y efectos legales
Tal y como se detalla en el texto del BOE, la adenda surtirá efectos legales el día de la finalización de la vigencia del convenio original, siempre que se hayan cumplido todos los trámites previstos por la normativa, incluida su inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación. La publicación oficial se realiza precisamente para dar cumplimiento a estos requisitos y formalizar su entrada en vigor.
Por tanto, a partir de agosto de 2025 se activa esta nueva etapa del convenio, que
estará en vigor hasta el año 2029, salvo que las partes decidan modificar o actualizar sus términos en ese periodo.
Una firma de consenso institucional
La rúbrica del documento contó con la firma electrónica del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, y del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero Flores, aunque en este último caso lo hizo en nombre de la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, María del Mar Vaquero Periánez, conforme al Decreto del 25 de junio de 2025 que autoriza esta delegación.
La continuidad del convenio se enmarca en los esfuerzos por reforzar la coordinación sanitaria entre administraciones y dar respuesta a las necesidades asistenciales de colectivos vulnerables como las personas privadas de libertad. El Servicio Aragonés de Salud se consolida así como el proveedor asistencial de referencia en los centros penitenciarios de la comunidad, en línea con otras autonomías que mantienen acuerdos similares con Instituciones Penitenciarias.
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