Más de 50.000 firmas fuerzan un debate sobre sanidad pública en Andalucía

El Parlamento de Andalucía debatirá la Iniciativa Legislativa Popular relacionada a la defensa de la sanidad pública, luego que esta alcanzara el respaldo de más de 50.000 firmas ciudadanas recogidas en un periodo de menos de seis meses. Esta iniciativa está impulsada por la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, con el apoyo de los sindicatos más representativos del sector (CCOO, UGT, Satse y CSIF) y de los partidos PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía. 

"Nosotros sabemos que esta iniciativa finalmente no se va a aprobar", ha sentenciado Antonio Vergara, portavoz de la plataforma Mareas Blancas a Redacción Médica, al tener el Parlamento andaluz mayoría del Partido Popular. Sin embargo, no ha sido un impedimento para recoger el clamor de la ciudadanía a favor del sistema sanitario público. "Esto ha sido una demostración de que la firma no ha costado, sino que en algunos momentos ha habido auténtica concentración de personas y ese es uno de los motivos que justifica que todo ese esfuerzo merece la pena", ha señalado.

En total se logró reunir casi 60.000 firmas, según ha indicado Vergara, aunque son 57.000 las que finalmente han sido validadas por la Junta Electoral. Ahora, corresponde que un representante o un portavoz de las Mareas Blancas andaluzas defienda la iniciativa en una sesión en el pleno, en un plazo máximo de dos meses. "El reglamento dice que tienen dos meses para organizar el pleno", detalla, aunque "temen" que se bloquee y se "meta en un cajón". "Como veamos que pasa el tiempo y no recibimos respuesta, vamos a movilizarnos", advierte el portavoz.

Entre los aspectos que contempla la Iniciativa Legislativa Popular, está que la financiación pública en Andalucía sea finalista en el ámbito sanitario, así como prohibir por ley que se destine presupuesto público a entidades privadas "porque cuando los recursos son insuficientes hay que aumentar los de la pública en lugar de derivarlos a la privada". También plantean que los médicos no puedan compatibilizar entre la sanidad pública y privada, además de otras 16 propuestas.

Posicionamiento de los grupos parlamentarios

La propuesta "está cumpliendo plazos y pasando fases", ha indicado a este periódico, José-Pelayo Galindo, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía. La fase inicial que consistía en validar las firmas, ya se llevó a cabo y ahora debe "pasar al Parlamento", donde los grupos parlamentarios "tendrán que mojarse sobre la defensa de la sanidad pública". "Y mojarse es transmitir esa defensa a una ley", ha señalado. 

Por otro lado, para Pelayo Galindo, será en ese debate parlamentario en el que se conocerá "cuál es la intención" de cada una de las agrupaciones legislativas. "Estamos muy a la expectativa de ver qué dicen los partidos políticos en un año que va a ser próximamente electoral", ha puntualizado. 

En ese sentido, ha considerado que la sanidad será uno de los ámbitos más importantes en el discurso de los candidatos que aspiren a la Junta, por ser un pilar fundamental en la sociedad andaluza. 

Presentación de la Iniciativa Legislativa Popular

El proceso inició hace aproximadamente siete meses, cuando la Coordinadora de Mareas Blancas se planteó proponer un cambio legislativo. Para ello, el reglamento establece una serie de procedimientos que han ido cumpliendo uno a uno. "El propio Parlamento te manda unos pliegos con la iniciativa legislativa escrita en un folio por las dos caras y unas firmas. Todo esto con un formato que ellos mismos te conceden", ha subrayado Antonio Vergara.

En reiteradas oportunidades, las agrupaciones sindicales junto a Mareas Blancas se han manifestado frente a la "situación insostenible" y "contra la estrategia deliberada de la Junta de Andalucía de debilitar lo público para justificar la progresiva privatización de la sanidad pública andaluza", según han informado a través a comunicados de prensa. 

Entre los principales cuestionamientos están la priorización de intereses privados por encima del bien común, "poniendo en riesgo la salud de toda la ciudadanía". "Mientras tanto, los profesionales agotados y en mínimos históricos, intentan mantener en pie un sistema cada vez más frágil", han expresado.