23 de junio de 2017 | Actualizado: Viernes a las 12:10

Junta y sindicatos intentarán llegar al acuerdo sobre las 37,5 horas en mayo

El SAS pone de línea roja incrementar en media hora el turno y los sindicatos no quieren trabajar sábados adicionales

Jueves, 17 de marzo de 2016, a las 18:02
Patricia Biosca
Tal y como se recogía en el decreto regional que establecía cómo se incorporaban las 37,5 horas, la mesa técnica de Salud se ha reunido este jueves para tratar el tema de la implementación de las 2 horas y media de más que introdujo el Estado en 2012. Un tema que, a pesar de que en la mayoría de comunidades autónomas ya es pasado y el debate se encuentra en la vuelta a las 35, en Andalucía aún causa polémica y viene precedido de varias sentencias judiciales.

José Manuel Aranda, director gerente del SAS.

La línea roja por la que no pasará la Junta es la repartición en media hora adicional (al principio del turno o al final) de la jornada de lunes a viernes, porque considera que el horario de los sanitarios no se ajusta de igual forma que el de los demás empleados públicos. Por otro lado, los sindicatos buscan que se eliminen las jornadas de los sábados para llegar a las 37,5 horas establecidas.

Para llegar a un acuerdo, la mesa ha llegado a un acuerdo de calendario por el que los sindicatos les entregarán sus propuestas y la administración tendrá el mes de abril para argumentar su posición. El 5 de mayo se volverán a reunir para llegar a un acuerdo, que, si llega, se ratificará en una mesa sectorial posterior. Los sindicatos fechan “a mediados de junio como pronto” que se haga efectiva el nuevo reparto de horarios.

Las organizaciones sindicales han reivindicado la vuelta a las 35 horas como ya ha ocurrido en Castilla-La Mancha y País Vasco. “Andalucía no se puede descolgar en la recuperación de derechos laborales de los funcionarios públicos, porque además esta es una orden de 2012 y las cosas no están como estaban”, afirman desde CCOO.

Además han exigido que los acuerdos se lleven a cabo en una mesa de negociación de la función pública, en la que estén presentes todos los representantes de todas las áreas públicas.