Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (Imagen de Europa Press)
La Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía
ha emitido el decreto de archivo sobre las tres denuncias presentadas por el incumplimiento de la atención sanitaria de los programas sobre detección del
cáncer de mama contra cinco altos cargos de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. Estos han ocupado los puestos en el periodo denunciado, entre los que se encuentran, actualmente, dos personas aforadas (Catalina García, actual consejera de Sostenibilidad y Jesús Aguirre, presidente del Parlamento andaluz; ambos ex consejeros de Salud), al concluir que, tras las diligencias preprocesales practicadas en la situación que se encuentran los hechos en el momento presente,
no existen indicios de delito de los dos altos cargos públicos aforados.
Las denuncias, presentadas a lo largo del mes de octubre pasado por la Asociación del Paciente y ampliada con escritos de 16 mujeres con sus casos particulares más las de los partidos políticos Adelante Andalucía e Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía,
incluyen a otras tres personas no aforadas, la ex consejera de Salud, Rocío Hernández; la ex viceconsejera de Salud y Consumo, María Luisa del Moral y la actual gerente del Servicio Andaluz del Salud, Valle García, tal como ha recordado la Fiscalía.
En las diligencias de investigación preprocesales que realiza la Fiscalía de Andalucía sobre las tres denuncias presentadas y de las declaraciones en sus escritos de las 16 mujeres afectadas más el informe y documentación que aporta la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, el decreto señala que los hechos se refieren
a errores o deficiencias en el protocolo de cribado de cáncer de mama, en particular sobre la
ausencia de seguimiento en los casos catalogados como no "concluyentes o "dudosos", falta de comunicación de las pruebas realizadas, falta de atención médica por parte de los médicos del sistema de Atención Primaria, imposibilidad de la identificación de las víctimas por falta o ausencia de datos personales, teléfono, correo electrónico en las bases de datos del sistema sanitario o prestación sanitaria en el sistema de salud privado.
Conclusiones de la fiscalía
La Fiscalía de Andalucía concluye en remitir las presentes diligencias de investigación a las Fiscalías Provinciales de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería, donde han sido atendidas las 16 mujeres que han denunciado, para
continuar la prácticas de las pruebas en la forma que menos perjudique a las víctimas y debe realizarse en el lugar más próximo a su entorno. Con este traslado de las diligencias se pretende proceder a la
averiguación de los hechos, examinar si revisten carácter de delito y personas responsables.
En los hechos denunciados por las mujeres, según señala el escrito, "
no existe un patrón" que pueda unificarlos para
conectarlos con una responsabilidad que pudiera extenderse más allá de los concretos intervinientes en cada proceso, que no son los mismos e indica que "han de ser investigados
de manera individual y separada".
El decreto también recoge que algunas denuncias exponen "manifestaciones de carácter general, sin precisión alguna" relativas a las
deficiencias del protocolo del cribado de cáncer de mama y
una investigación más prospectiva sería contraria al derecho fundamental de la intimidad y al derecho a que nadie conozca datos, especialmente, sensibles a la salud de todas aquellas mujeres que han decidido libremente no someter sus casos a la investigación de la Fiscalía y restringirlos al ámbito de la responsabilidad patrimonial de la administración.
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