Sindicatos recurren ante el TSJA el plan de ajuste de la Junta y piden su suspensión cautelar
Redacción. Sevilla
Los sindicatos Safja (Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía), Sindicato Médico (CESM-Andalucía) y APIA (Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía) han presentado un recurso, como integrantes de la Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales Independientes (Faspi), ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el plan de ajuste de la Junta de Andalucía, sobre el que piden su suspensión cautelar mientras el recurso se resuelve.
Según dicho recurso, al que tuvo acceso Europa Press, estos tres sindicatos integrados en la Faspi han presentado recurso contra los actos de aplicación y efectos del decreto ley 1/2012 de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de hacienda pública para el reequilibrio económico financiero de la Junta de Andalucía.
Consideran que la aplicación de este plan de ajuste “conlleva situaciones no ajustadas a derecho que conculcan gravemente derechos fundamentales”. De esta forma, estos sindicatos han presentado el recurso por la vía de procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales.
En ese sentido, indica que se conculcarían los artículos de la Constitución Española relativos al derecho a la negociación colectiva o el que alude a la libertad sindical, así como una serie de artículos del Estatuto del Empleado Público, que hacen referencia a la libertad sindical, negociación colectiva, ejercicio de la huelga, planteamiento de conflictos colectivos, o al derecho de reunión.
Tras reconocer que la impugnación directa del decreto ley “queda reservada” a ciertos colectivos, sí ha recordado que los ciudadanos y demás entes podrían reaccionar contra los actos de aplicación de la norma “e indirectamente poner en cuestión su validez”.
Los sindicatos consideran que la aprobación de este decreto ley “causa indefensión a todos los funcionarios públicos, así como al interés general de los ciudadanos, pues afecta a la Administración pública de Andalucía, provocando daños y perjuicios de difícil reparación”.
Asimismo, tras recordar que las medidas que contempla dicho decreto ley “afectan a la retribución salarial y otros ámbitos como la jornada laboral, vacaciones, que se suman a las ya adoptadas”, de forma que apunta que “todas ellas suponen un grave atentado contra los derechos adquiridos de los funcionarios, que parecen ser el sector ‘señalado’ de forma repetitiva para hacer frente a las sucesivas medidas anticrisis adoptadas, y en pura lógica deberían haber sido al menos negociadas con los representantes de los trabajadores”.
La Faspi considera que al excluirlo la Junta de la negociación, “se lesionan ‘per se’ los derechos adquiridos de los servidores públicos” y lamenta que la norma “ha prescindido de los procedimientos de participación de los interesados y personal afectado y de organizaciones sindicales de los procedimientos de valoración”.
“La Junta se desliga unilateralmente de los procedimientos legales vigentes y legítimos para la fijación, modificación o alteración de las condiciones de trabajo establecidas para los servidores públicos que trabajan para ella, por lo que existe imposibilidad de garantizar la eficacia, la eficiencia, la transparencia en la gestión de los fondos públicos”, han agregado los sindicatos, quienes lamentan que la Junta “tome una decisión política que deja sin contenido el derecho de libertad sindical e indirectamente el de negociación colectiva”.
